La Unión Europea (UE) es una entidad jurídica con capacidad para firmar acuerdos internacionales y volverse miembro de una organización como tal, además de ser un proyecto político bien establecido en los artículos 1 y 2 del Tratado de la UE: “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, donde las decisiones sean tomadas de la forma más abierta posible y lo más cerca posible de los ciudadanos”. 

El Tratado de Lisboa fusiona los tres pilares de Niza, separando las competencias de las partes. Así, encontramos competencias exclusivas de la UE en todos los ámbitos supranacionales donde los Estados decidieron ceder soberanía —como el comercio—, competencias compartidas y competencias de apoyo. 

En este sentido, actúan tres actores principales: la Comisión Europea, representando el interés común de la UE; el Consejo de la Unión Europea, representando a los gobiernos; y el Parlamento Europeo, representando a los ciudadanos.

Por su lado, el MERCOSUR no ha dejado de ser una unión aduanera intergubernamental que fluctúa de acuerdo con los signos políticos de los gobiernos de turno de los Estados miembros. 

Evita la desviación de comercio al eliminar las fronteras internas para el mismo, pero es imperfecta porque los territorios aduaneros persisten y algunos países manifiestan su voluntad de firmar TLC con otros países de manera unilateral, como Uruguay. No hay verdadera voluntad política de renunciar a las funciones aduaneras soberanas para formar un bloque regional real.

Sin embargo, la coyuntura internacional nos abrió una ventana de oportunidad. Se dieron dos elementos fundamentales: la política proteccionista de Estados Unidos y el contrapoder chino, y la alineación de los gobiernos del MERCOSUR, que supieron entender que era ahora o nunca.

El poder de firmar este acuerdo estuvo siempre en manos de la Comisión Europea. Sin embargo, los intereses internos, como la oposición de un gobierno poderoso como Francia, lograron hasta ahora diluir esa posibilidad. Quedó claro cuando la coyuntura fue más importante y la oposición de algún miembro interno dejó de pesar más en la balanza, y Von der Leyen no dudó en venir a Montevideo y cerrar más de 20 años de negociaciones infructuosas en un solo día.

El acuerdo se divide en dos partes: el Partnership Agreement (EMPA) y el Interim Trade Agreement (ITA). Abre un mercado de 700 millones de consumidores.

El Acuerdo Interino de Comercio (ITA) sienta las bases para reducciones arancelarias, permite acceder a nuevos mercados y propicia unas condiciones comerciales mejores en sectores clave como el agrícola, el automovilístico, el farmacéutico y el químico. 

También incluye disposiciones sobre la facilitación de las inversiones; la eliminación de los obstáculos al comercio transfronterizo de servicios, especialmente de servicios digitales y financieros; y la contratación pública, lo que permitirá que las empresas de la UE accedan a los procesos de licitación pública en los países del MERCOSUR.

El Acuerdo de Cooperación (EMPA) es un marco integral que abarca el diálogo político y la cooperación.

Para la Unión Europea es, en cierto modo, la comprensión de que el comercio basado en reglas ya no es evidente ni confiable, y apuesta al comercio basado en valores con una región que le proporciona un mercado de más de 200 millones de habitantes y acceso preferencial a materias primas indispensables, que le es culturalmente cercana.

Para el MERCOSUR es la oportunidad de acceder a un mercado de más de 400 millones de habitantes de manera más competitiva y una obligación de mejora hacia arriba, con mejores estándares, al tiempo que se abre la posibilidad de reforzar sus instituciones. Este punto es crucial para nosotros: tenemos un tiempo limitado, pero que nos da una ventaja arancelaria para reconvertir aquellas industrias que podrían verse más afectadas por la competencia por venir.

Está en nosotros usarlo de manera inteligente y competitiva para obtener los resultados positivos que un acuerdo de este tipo puede darnos.