Julio Velarde es el "padre" de la separación entre economía y política en Perú. Desde que es presidente del Banco Central de Reserva del Perú, hace casi 20 años, la política peruana ha sido un tembladeral con presidentes enjuiciados y presos, escándalos increíbles. La economía, sin embargo, siguió un rumbo de estabilidad en gran medida gracias a la capacidad y prestigio de Velarde.

Cuando una vez le preguntaron qué opinaba sobre la fijación de tasas máximas para el crédito al consumo, Velarde dijo: "Es una medida torpe, tonta, pero popular en muchos países de América Latina". Agregó que destruye a los créditos "muy bajos"; que no afecta al típico crédito bancario pero sí a los microcréditos que otorgan las financieras.

Es tal cual. A primera vista, fijar un tope a las tasas de interés en el crédito al consumo parece una medida para proteger a los consumidores. Pero en la práctica, termina restringiendo el crédito y excluyendo del sistema formal a quienes más necesitan ser parte. 

Lo muestran experiencias regionales y estudios internacionales. 

En Chile, tras la implementación de un tope de tasas en 2013, alrededor de 200.000 personas quedaron excluidas del sistema financiero en solo tres años según un reporte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. En Perú, el impacto fue similar, y la medida tuvo que ser revisada pocos años después.

Un informe del Banco Mundial, (con el significativo título "Topes de tasas de interés en el mundo: todavía populares, pero un instrumento tosco") concluye que llevan a un retiro de instituciones financieras de los segmentos vulnerables y a un aumento del crédito informal. Y recomienda medidas que fortalezcan la competencia y la innovación. 

Las administradoras de crédito trabajan con un perfil de clientes distinto al de un banco tradicional y necesitan tasas más altas para cubrir el riesgo de impago. La rentabilidad no es la misma en todo el sector. Por ejemplo, la rentabilidad sobre activos (ROA) en las financieras en promedio es 6,4% anual, es decir, un puntito más que el que tiene un propietario que alquila un apartamento, sólo que sin garantías.

En Uruguay, según un análisis reciente de CPA Ferrere, en los préstamos de menor monto y plazo, la tasa necesaria para cubrir costos y riesgos supera el tope establecido por el Banco Central, lo que hace que estas operaciones funcionen a pérdida. Así de claro: en esos casos si prestás, perdés. 

Por esta razón 1.400.000 personas en Uruguay quedan excluidas. Es lo que llamé "pena de muerte financiera" en la columna anterior. Quienes alguna vez se trancaron, hoy no tienen chance de reingresar al sistema La industria no los puede atender porque las tasas no alcanzan para cubrir el riesgo de hacerlo.

Junto a los estudios y casos regionales, esta realidad muestra los efectos contraproducentes que tienen las regulaciones que topean las tasas o endurecen los requisitos. En nuestra región, hay quienes están convencidos de que son sinónimo de protección. La intención es legítima, pero el camino no es el correcto. 

Topear las tasas no hace que el dinero sea más barato. Si un préstamo deja de ser rentable para quien presta, simplemente deja de existir. No es crédito más accesible, sino menos crédito disponible. 

Querer proteger con topes de tasas puede parecer una solución, pero lo que hace en el fondo es agravar el problema.

El diseño de la regulación facilita o impide la inclusión. Esto no es teoría: es lo que ya pasó en Brasil con Nubank y Mercado Pago, entre otros.

En Brasil —y también en México—, se ha entendido que regular los mercados no es lo mismo que frenar el acceso. Otros países, en cambio, siguen atrapados en modelos que limitan la oferta formal y empujan a las personas hacia la inseguridad de los préstamos informales. 

Lo que se necesita es un sistema con mejores herramientas para evaluar el riesgo, que permita más opciones de financiamiento y un camino de reingreso para los que quedaron fuera. La inclusión financiera llega cuando se regula para brindar más acceso. No se trata de eliminar regulaciones, sino de diseñarlas mejor para que no castiguen a los más vulnerables.

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