El proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, a estudio del Parlamento, introduce una serie de ajustes tributarios que, sin constituir una reforma estructural, representan la evolución normativa más significativa desde la reforma tributaria de 2007. En un contexto de necesidad de consolidación fiscal, el enfoque del equipo económico es claro: aumentar la recaudación, equiparar cargas entre distintos tipos de renta y contribuyentes, y alinear el sistema con estándares internacionales. 

Este proceso responde a una necesidad urgente de sostenibilidad fiscal, pero también plantea un desafío central: cómo hacerlo sin comprometer la seguridad jurídica y la certeza que son pilares del modelo uruguayo. La protección de estos valores motivó un intenso diálogo técnico entre el sector público y privado en las últimas semanas. Mediante algunos ajustes a la propuesta inicial se alcanzaron hasta ahora avances parciales.

Entre los cambios más relevantes que propone el proyecto de ley está la implementación local del Impuesto Mínimo Global, a través del denominado Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (DMTT, en inglés), aplicable a grupos multinacionales con ingresos globales consolidados superiores a 750 millones de euros. 

Esta medida busca asegurar una tributación efectiva mínima del 15% sobre la renta obtenida en Uruguay, afectando en especial los casos donde las entidades integrantes de dichos grupos operan bajo regímenes promocionales como zonas francas, software o poseen exoneraciones por proyectos de inversión COMAP. El objetivo es evitar que otros países capten la recaudación por este concepto que Uruguay podría legítimamente percibir.

Por otra parte, se propone incorporar a las rentas comprendidas en el IRPF los incrementos patrimoniales provenientes de activos en el exterior (hasta ahora solo se gravan los rendimientos de capital), eliminando una asimetría fiscal entre inversiones locales y extranjeras.

En otro orden, se plantea comenzar a gravar con IRNR aquellos dividendos pagados por empresas uruguayas a sus accionistas del exterior, aun cuando los mismos no correspondan a rentas gravadas por IRAE (criterio actual), cuando dichos dividendos estén sujetos a un gravamen en el país del beneficiario y además se pueda obtener crédito fiscal allí por el impuesto pagado en Uruguay. 

Estas medidas, aunque técnicamente consistentes, plantean desafíos operativos relevantes: desde el alcance temporal y el criterio de cálculo, hasta el rol de los agentes de retención y el costo beneficio en términos de recaudación e incertidumbre asociada. Tanto los ajustes que puedan seguir incorporándose al proyecto como la reglamentación futura serán clave para brindar certeza a los contribuyentes y evitar efectos no deseados.

Otro aspecto incluido en el proyecto es la ampliación del alcance del IVA a ciertas compras digitales realizadas en plataformas extranjeras, elevando al mismo tiempo el umbral de franquicia a U$S 800. Aunque la medida busca equilibrar el comercio local frente al crecimiento del e-commerce internacional, su impacto en el comportamiento del consumidor y en la recaudación aún es incierto.

En conjunto, las modificaciones propuestas apuntan a ampliar la base tributaria, incorporar criterios de equidad y adaptar el sistema a nuevas realidades económicas. Sin embargo, su impacto dependerá de la redacción final de la ley, la calidad técnica de la reglamentación, la claridad en la aplicación práctica y la capacidad del Estado para fiscalizar con inteligencia y proporcionalidad. 

Uruguay está en una encrucijada: necesita responder con agilidad a las exigencias fiscales del momento, pero sin perder de vista la importancia de dar certezas a los contribuyentes en un entorno global competitivo. La seguridad jurídica es una condición necesaria para atraer inversión y sostener el crecimiento. El camino trazado por el proyecto presupuestal mantiene algunas zonas grises. El diálogo técnico —hasta ahora amplio y constructivo— será clave para lograr un equilibrio entre urgencia fiscal y estabilidad normativa, y para consolidar una política tributaria moderna, sostenible y confiable.

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Forbes Uruguay de Octubre de 2025. Para suscribirte y recibirla bimestralmente en tu casa, clic acá.