En 2008, Uruguay apostó a una transformación profunda de su sistema sanitario con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Casi dos décadas después, los números respaldan la reforma: la cobertura pasó de 600.000 a 2,6 millones de personas y el gasto estatal en salud pasó del 7% al 9% del PIB.
Esto posicionó a Uruguay entre los primeros 35 países en el ranking de cobertura de la Organización Mundial de la Salud y significó un respiro para el bolsillo de los uruguayos. El balance, sin embargo, no es solo de logros, ya que el sistema enfrenta tensiones que sus propios gestores reconocen.
Entre luces y sombras
"Tenemos un sistema con un diseño bueno, con una cobertura muy importante, un financiamiento solidario, institucionalidad reconocida y profesionales de la salud de valor", resumió Gustavo Giachetto, director del Hospital Pereira Rossell, pero también remarcó que “la experiencia que tiene el usuario no es consistente con el diseño del sistema”.
“En lo normativo el sistema es integrado, pero en la práctica es fragmentado”, consideró. Según el director, el SNIS presenta ineficiencias clínicas estructurales, que se reflejan en la concentración, desabastecimiento y/o duplicación de servicios en ciertos territorios, en pérdidas de tiempo al pedir estudios, tratamientos que no se justifican y en una pérdida de la visión integral del paciente. “No es que se gaste mucho o poco, sino que se gasta muchas veces mal”, dijo.
Para Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), “el sistema avanzó muchísimo”, pero todavía tiene dificultades de acceso vinculadas a los tiempos de espera y a barreras económicas. Daniel Salinas, neurólogo, exministro de Salud Pública y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica del Uruguay, coincidió y sumó otro problema: el de la distribución de especialistas en el territorio nacional.
“Ahí están las inequidades más grandes y creo que es parte de un problema que no se resuelve simplemente con mandatos o con voluntarismos, sino que es un tema muy complejo”, consideró. Y esas fallas y demoras que el sistema público no puede subsanar, según Salinas, las trata de solventar el mercado a través de los seguros privados y las prestaciones VIP.
Seguros y prestaciones VIP
El tema de los seguros privados de salud y de las prestaciones VIP no fue tan consensuado entre los expertos. "Lo que no está roto no lo arregles", dijo Salinas respecto a los primeros. Su argumento es que funcionan bien, generan superávit y no le piden auxilio al Estado.
Pero Pradere matizó: el problema no es el superávit en sí, sino las reglas del juego. "No podemos tener prestadores que tienen la obligatoriedad de atender a los afiliados al Fonasa (Fondo Nacional de Salud) y otros que tienen la posibilidad de quedarse con los jóvenes sanos", explicó, en referencia al fenómeno conocido como descreme, que es la práctica de seleccionar usuarios de bajo riesgo y derivar los casos complejos al sistema regulado.
A eso se suma una asimetría en la información, ya que los seguros privados reportan sistemáticamente menos datos al Ministerio de Salud Pública que el resto de los prestadores. Para Pradere, hay cosas concretas para ajustar en términos regulatorios, aunque sin poner en riesgo lo que funciona.
La salud del futuro
De cara a 2030, los tres especialistas coincidieron en que el sistema es robusto pero necesita trabajar mejor, no necesariamente más. Uno de esos aspectos a mejorar es la complementación entre subsistemas, que Salinas ilustró con un ejemplo concreto: en Trinidad hay dos tomógrafos a dos cuadras de distancia, mientras faltan recursos en otras zonas. También señaló la superposición entre ASSE, sanidad militar y sanidad policial como una ineficiencia estructural que ningún mandato normativo resolvió y sobre el que hay que trabajar.
Otro elemento a desarrollar es la formación de los profesionales. Giachetto planteó la necesidad de una “fuerte política de formación de recursos” que contemple dónde son necesarios, cómo son las condiciones laborales, los incentivos, el desarrollo profesional y que “dé cuenta de un profesional distinto”, capaz de tomar decisiones en contextos complejos, con liderazgo clínico, que integre al paciente en lugar de fragmentarlo.
Sobre la mesa se planteó también el rol que juega la inteligencia artificial y la tecnología en general. “Hay mucha presión por incorporar cosas en distintas áreas, viéndole un rédito económico, pero sin evaluar cuál es realmente el impacto clínico que eso tiene”, sostuvo Pradere.
Para la jerarca, la inteligencia artificial puede ayudar en los procesos de gestión, de diagnóstico, de evaluación de riesgos, pero no va a sustituir al recurso humano. “No me imagino hospitales sin médicos o sin profesionales de la salud”, aseguró. Para los expertos, la inteligencia artificial es una herramienta que puede mejorar la eficiencia si se incorpora con criterio, pero que nunca reemplazará el juicio clínico ni la empatía.