En un escenario donde las exigencias globales —particularmente desde Europa— avanzan más rápido que las regulaciones locales, ya no alcanza con producir bien: importa, cada vez más, cómo se produce y qué se puede demostrar. Como resumió Juan Labat, coordinador de Asuntos Ambientales del Ministerio de Economía y Finanzas, se trata de una agenda que cruza “apertura de mercados, promoción de inversiones y sostenibilidad”, donde lo relevante son los puntos de contacto entre esas dimensiones.
A nivel local, ese cambio empieza a consolidarse en una lógica de integración, donde comercio, inversión y ambiente operan bajo un mismo enfoque. Ese cruce se vuelve particularmente visible al analizar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “El capítulo de desarrollo sostenible fue una cuestión central”, señaló Labat.
Uruguay llega a ese escenario con activos concretos. La producción agropecuaria sin deforestación, en un contexto regional donde ese atributo no es la norma, se convierte en un diferencial relevante. “La producción local en gran medida convive sin deforestación; eso nos pone en una ventaja comparativa en la región”, ejemplificó. “La matriz eléctrica casi 100% renovable es un atributo. Hay importantes inversiones extranjeras que les interesa entrar al país por esa matriz”, agregó.
El cambio también empieza a reflejarse en los instrumentos. El rediseño del régimen de promoción de inversiones incorporó la sostenibilidad como criterio estructural, ampliando el enfoque más allá de la eficiencia productiva. La integración del Ministerio de Ambiente en la gobernanza y la evolución de los indicadores —de producción limpia a sostenibilidad ambiental— marcan una señal clara: ya no se trata solo de atraer inversión, sino de orientar su calidad y su impacto.
Sin embargo, esa ventaja tiene un límite temporal. A medida que las exigencias internacionales avanzan, lo que hoy funciona como un atributo tiende a convertirse en condición de entrada. “Con la Unión Europea, muchos de estos aspectos ya no van a ser un diferencial, sino una obligación”, advirtió Larissa Perdomo, gerente de Marca País en Uruguay XXI.
La ventana, entonces, es corta. Ahí aparece el desafío más complejo, que ya no es de política pública sino de gestión empresarial. Benjamín Dreifus, socio de Deloitte, Uruguay lo plantea con un diagnóstico claro: las organizaciones están tan inmersas en apagar incendios cotidianos que no encuentran el momento para pensar estratégicamente.
"Estamos continuamente en el día a día y esta temática requiere parar y pensar en el mediano y largo plazo", señaló. La inestabilidad geopolítica y el avance de la inteligencia artificial —que ya está en la agenda de cómo va a impactar en el trabajo y en la forma en que vivimos— complican ese ejercicio pero también lo hacen más urgente.
"Hay mucha gente que lo ve como un tema de impacto en el medioambiente, pero es algo mucho más abarcativo", explicó. La matriz renovable, por ejemplo, no es solo un dato ambiental: "Nos pone una ventaja competitiva muy enorme con el petróleo por encima de los 100 dólares".
"El principal desafío es convencer a las organizaciones de que esto no es una moda ni un cumplimiento regulatorio, sino cómo realmente me abandero en el tema y lo meto como una decisión estratégica que me genera oportunidades: hacer las cosas distintas, hacer mejor, atraer nuevos mercados", planteó. "Hoy puede ser una ventaja competitiva, pero en el futuro va a ser parte de la supervivencia de las organizaciones. El que no esté mirando esto va a quedar fuera del juego", coincidió.
“Las empresas entienden el concepto, pero no lo tienen tan incorporado en su proceso de negocio”, señaló Perdomo. Falta medición, seguimiento y capacidad de traducir esa agenda en decisiones concretas.
Algunas empresas ya empezaron a recorrer ese camino. En el caso de Tres Cruces, la sostenibilidad ya es parte estructural de la gestión. “Empezamos a trabajar en los procesos y validarlos”, explicó Andrés Curbelo, gerente de Administración de la compañía.
La certificación como empresa B funcionó como punto de inflexión, ordenando prácticas y validando el compromiso ante clientes e inversores.
A partir de ese marco, la sostenibilidad se traduce en decisiones concretas. La inversión en una planta fotovoltaica —del orden del millón de dólares— permitirá abastecer gran parte del complejo con energía limpia, mientras que la incorporación de tecnología apunta a optimizar consumos y reducir el impacto operativo. A eso se suma la dimensión de gobernanza, con la implementación de estándares que alinean la gestión con las exigencias de mercados e inversores.
“A la sostenibilidad no la vemos como un área. Está embebida en la gestión, en cada una de las decisiones que tomamos”, sintetizó Curbelo.
El punto de fondo es que la sostenibilidad dejó de ser un discurso para convertirse en un sistema de decisiones que atraviesa toda la organización. Define acceso a mercados, condiciona inversiones y reconfigura la competitividad.
Para Uruguay, el desafío es claro: transformar sus ventajas en estrategia antes de que dejen de serlo. Porque cuando la regulación llegue —como ya ocurre en Europa— el margen de adaptación desaparece.