El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que busca agilizar trámites, abrir la puerta a más competencia en sectores con importadores únicos, modernizar el funcionamiento del Estado y, con todo eso, bajar el costo de vida de los uruguayos, pasó su primer examen en el Parlamento. 

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la definió como la reforma más ambiciosa del Estado desde la década de 1990. Con 240 artículos, la iniciativa avanzó en el Senado con un respaldo político que incluyó a la oposición —que además pudo incorporar aportes propios al texto— y, mientras buena parte de la atención parlamentaria se concentraba en la Rendición de Cuentas y su votación en Diputados. 

A medida que la iniciativa fue tomando forma, distintos expertos y actores del sector privado dieron su visión sobre ella: algunos ante la Comisión de Hacienda del Senado, otros directamente a Forbes Uruguay. De esos aportes surgieron coincidencias de fondo, pero también matices y propuestas concretas de ajuste al articulado.

Aníbal Durán, asesor de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), dijo a Forbes Uruguay que la ley es medular para un sector que arriesga capital en emprendimientos de tres a cinco años y que queda expuesto a variables que no puede controlar, como el precio del dólar: la construcción se hace sustancialmente en pesos, pero la venta se pacta "sustancialmente en dólares".

En ese contexto, acotó que la "lentitud" de los trámites ante organismos nacionales o departamentales no es un detalle menor. Contó que la gremial fue testigo de proyectos millonarios frustrados porque, dentro del grupo inversor que encabeza el promotor, hay inversores ajenos al sector que no toleran las demoras en la expedición de un trámite y terminan retirando su capital hacia otro destino.

Durán confirmó que APPCU le planteó directamente al ministro de Economía y Finanzas una propuesta concreta: que, pasado un plazo razonable —mencionó cuatro meses como referencia— sin observaciones sobre un expediente, se dé por "aprobado en forma tácita", con el técnico responsable asumiendo la responsabilidad si más adelante aparecen objeciones. A su entender, esa idea es equivalente al mecanismo de "silencio positivo" que ya prevé el proyecto de ley, y consideró clave que, una vez aprobada la norma, la reglamentación posterior respete ese espíritu.

Los 50 cambios del Partido Colorado

Michel Daguenet, economista que analizó el proyecto y presentó un informe ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, coincidió con el resto de las fuentes consultadas en que la evaluación general es positiva, aunque matizada. 

A su juicio, la iniciativa es incluso más amplia que una ley de  Rendición de Cuentas: toca desde el sistema financiero hasta la defensa de la competencia, pasando por el sector pesquero y el de frutas y hortalizas. 

Esa amplitud, dijo, es la que llevó al Partido Colorado a trabajar el articulado en detalle, en conjunto con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y con el senador Robert Silva, representante colorado en la comisión: entre sustitutivos y aditivos, presentaron cerca de 50 propuestas de cambio.

Una de las líneas centrales de esos aportes apunta a un problema que, según Daguenet, atraviesa buena parte del proyecto: que "demasiadas definiciones quedan libradas a la reglamentación posterior". 

Para acotar ese riesgo, propusieron que el Ministerio de Economía informe cada año, en cada rendición de cuentas, "los avances concretos de cada sección de la ley", tanto para "transparentar el proceso" como para darle a la cartera una "herramienta de presión" sobre los ministerios y reguladores sectoriales involucrados.

Daguenet también marcó reparos puntuales. Sobre los artículos que habilitan a organismos como el INIA a desarrollar fondos de inversión para transferir tecnología al sector privado, advirtió que esas instituciones no tienen hoy el expertise para hacer venture capital y que el diseño actual conlleva riesgos considerables; propuso reglas de gobernanza, un tope presupuestal para ese tipo de inversiones y que, por cada peso público, haya un peso de capital privado. 

Sobre el artículo 141, que habilita el registro de segundos, terceros y sucesivos importadores —la medida estrella del proyecto según el propio gobierno—, dijo apoyarlo, pero advirtió que, tal como está redactado, deja cabos sueltos en torno a los contratos de distribución exclusiva que podrían terminar neutralizando su efecto.

También cuestionó el artículo 158, que habilita a la DGI a informarle al MIEM si una empresa califica como pequeña empresa: a su entender, eso vulnera el secreto tributario si no se exige el consentimiento del titular y se limita la información compartida. 

Y propuso dos cambios institucionales de fondo: que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia deje de ser un servicio descentralizado y "pase a ser un ente autónomo", para ganar independencia del Poder Ejecutivo, y que las competencias sobre concentraciones económicas que hoy tienen el Banco Central, la Ursea y la Ursec en sus respectivos sectores pasen a esa comisión, en línea con lo que recomiendan las mejores prácticas internacionales. 

Por último, alertó sobre los artículos 149 y 150, que buscan simplificar la tributación de las pequeñas empresas conocidas como literales: según su lectura, la redacción actual abre la puerta a que, en los hechos, terminen pagando más impuestos. El Partido Colorado propuso una redacción alternativa para evitarlo.

La brecha de precios

El economista chileno Nicolás Grau, exministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile y consultor en la elaboración del proyecto que lideró el MEF, fue uno de los primeros en exponer ante la comisión del Senado. 

Su exposición giró en torno a un concepto que, dijo, ordena toda la iniciativa: la proporcionalidad, es decir, que la exigencia regulatoria sea proporcional al riesgo que se busca proteger. 

Ilustró la importancia de no perder de vista ese objetivo con el terremoto de Turquía de 2023, donde la desregulación irresponsable de la construcción costó 50.000 vidas. "Los permisos son parte del progreso civilizatorio de la sociedad", planteó, para luego sostener que es posible reducir tiempos y trámites sin bajar el estándar de protección.

Sobre el artículo que habilita un segundo importador para el mismo producto —uno de los más discutidos por los senadores—, Grau aportó el dato que más repercutió en la sala: en un conjunto de bienes importados, las diferencias de precio de Uruguay con Brasil, Argentina o Chile son del orden de 30% a 50 por ciento. 

A su juicio, ese mecanismo de importador único no fue diseñado para bloquear competencia, sino por una razón sanitaria legítima, pero terminó generando una renta injustificada para el primer importador. "Son precios más altos para las y los uruguayos contra una renta del primer importador. Eso es", resumió, sin margen para matices.

La trampa del bajo crecimiento y sugerencia de ajustes

Vía Zoom desde Chile, donde es profesor de la Universidad Católica, el economista Sebastián Fleitas centró su intervención en la arquitectura institucional de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec). 

Explicó que el mundo tiene básicamente dos modelos: el estadounidense, donde la comisión instruye y el Poder Judicial decide, y el europeo, puramente administrativo. 

El proyecto uruguayo, señaló, se acerca al esquema mixto que utiliza Chile, separando dentro de la propia comisión el rol de investigación del rol de decisión, y sacándola de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, algo que consideró uno de los avances más relevantes de la iniciativa.

Fleitas también ofreció una lectura más estructural del problema uruguayo: el país está, planteó, en una trampa de un equilibrio relativamente malo, con pocos recursos fiscales para promover reformas que impulsen el crecimiento, pero necesitado de esas reformas para crecer. 

La única salida duradera, sostuvo, es la productividad, y el proyecto avanza en esa dirección. Como ejemplo trajo una consultoría propia que comparó precios regionales de productos de consumo masivo —pasta dental, champú, desodorante, mayonesa— y encontró a Uruguay sistemáticamente más caro que sus vecinos, en parte por los mismos registros exclusivos que señaló Grau.

Por su lado, los abogados Juan Manuel Mercant y Renato Guerrieri, con dos décadas de trabajo en defensa de la competencia, llevaron a la comisión una batería de sugerencias puntuales sobre el articulado, más que una valoración general. 

Pidieron eliminar la exigencia de tres quintos de votos del Senado para las venias de los comisionados, por entenderla inconsistente con la Constitución. Cuestionaron que la tasa para presentar concentraciones económicas se calcule según la facturación de las empresas en lugar de la complejidad de la operación, y propusieron incorporar una excepción de minimis para que las operaciones muy pequeñas no requieran ni siquiera notificación.

También marcaron un problema práctico poco visible: cuando una operación necesita autorización tanto de la Coprodec como de un regulador sectorial —el Banco Central, la Ursea o la Ursec—, cada organismo maneja plazos y formularios distintos, lo que puede derivar en decisiones contradictorias. Pidieron uniformar esos procesos. Y plantearon que el proyecto debería exigirle a la propia comisión, no solo a las empresas investigadas, que pruebe la existencia de eficiencias antes de aplicar una sanción.

Un avance real, pero acotado

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), representado por su director ejecutivo Agustín Iturralde y el economista jefe Ramiro Correa, calificó al proyecto como un paso positivo dentro de una tradición de reformas procompetencia que Uruguay viene transitando desde la posdictadura —desde la desmonopolización de los seguros hasta la portabilidad numérica—, pero advirtió que su magnitud es limitada frente al tamaño del problema de competitividad del país. 

Entre los ajustes puntuales, pidieron acotar en el tiempo el Programa de Calidad Regulatoria para que tenga metas medibles, moderar la escala de multas por autocorrección en Aduanas y evitar que las nuevas mesas de discusión sectorial terminen siendo, otra vez, un espacio para pedir protección.

Iturralde cerró con una referencia a la economía política del propio proceso legislativo: recordó que, según describió hace décadas Mancur Olson, en toda reforma procompetencia "los costos se concentran y los beneficios se dispersan", por lo que es esperable que los sectores afectados golpeen la puerta de los senadores mientras los consumidores beneficiados —dispersos en toda la sociedad— no se movilizan. Su sugerencia fue simple: someter cada pedido sectorial a la pregunta de si reduce o aumenta las barreras de entrada al negocio.

La "licencia social" de CERES

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), encabezado por su director ejecutivo Ignacio Munyo, aportó tal vez la advertencia más repetida por los senadores durante la sesión: el proyecto "abre la puerta de la regulación pero deja la llave en la reglamentación", es decir, buena parte de sus avances quedan condicionados a cómo se reglamenten después conceptos como "bajo riesgo" o el reconocimiento de certificaciones extranjeras. 

CERES realizó entre marzo y julio de 2025 un relevamiento con más de 360 organizaciones que arrojó 303 propuestas de simplificación normativa, y remarcó que existe hoy una licencia social poco frecuente para avanzar en esta agenda, que no debería desperdiciarse.

La propuesta más concreta de CERES fue la creación de un Consejo Asesor de Competitividad, un órgano técnico e independiente que —a semejanza del Consejo Fiscal Asesor que hoy vela por el frente macro— audite el impacto de las regulaciones sobre la competitividad, tomando como referencia la experiencia de Australia. 

Munyo remarcó, además, que el proyecto deja afuera dos de las tres patas de la competitividad: la regulación laboral y la carga fiscal asociada a las empresas públicas, para las que, dijo, todavía no existe esa misma licencia social.

El pedido de los agroquímicos

La Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos del Uruguay (Camagro), que representa a 16 empresas del sector, fue una de las delegaciones que pidió quedar fuera de una de las medidas centrales del proyecto. 

A través de su director ejecutivo, Gabriel Bascou, solicitó una excepción expresa al régimen de segundo importador para los productos fitosanitarios, argumentando que ese mercado —con 128 empresas registrantes y casi 2.000 productos comerciales— ya es competitivo y que abrirlo sin matices podría afectar el sistema de evaluación sanitaria vigente. 

También pidió extender a los fitosanitarios el mecanismo de reconocimiento de origen que el proyecto ya prevé para productos de salud. Su presidente, Roberto Fontaina, remarcó que el sector apoya el espíritu general de la ley, pero pidió que se contemple la inversión de más de una década y hasta US$ 300 millones que exige registrar una nueva molécula.

La iniciativa del Poder Ejecutivo es ahora analizada por la comisión de Hacienda de Diputados y luego será votada por el Plenario para que se transforme en ley.