¿Por qué hay gente que acepta pagar un préstamo todos los días, a un costo altísimo y con miedo? En nuestra región, para muchas personas el crédito no es una opción; es el salvavidas
cotidiano. No pueden elegir entre pedir crédito o no. Y si no pueden tomarlo en el sistema formal, lo harán en la informalidad.

Cuando el sistema financiero te cierra la puerta, cualquier mano que se extienda parece mejor que hundirse. Así se produce un crecimiento preocupante del que da cuenta la prensa uruguaya con titulares de este tipo: "Desde Las Piedras a Artigas, en todo el país operan prestamistas ilegales colombianos: policía investiga grupos"; "Advierten no recurrir a los préstamos "gota a gota" que ofrecen colombianos"; "Así funcionan los préstamos "gota a gota" que ofrecen extranjeros: alias, escalafones y capital de $ 100.000".

En algunos grupos de Facebook dedicados a consumidores de Uruguay, cada tanto reaparece la misma pregunta: si alguien puede pasar el contacto de "los colombianos que prestan". Y en los comentarios se suman personas de todo el país pidiendo también esos teléfonos. Se nota la desesperación. Algunos intentan justificarlo: "te sacan del apuro", "le prestan a quien ningún prestador oficial le presta". Otros comentan para advertir: "no conviene meterse con esa mafia", "no están regulados por nadie". Una frase lo resume todo: "Vale más comer arroz blanco que estar bajo la pata de estos delincuentes".

Préstamos de fácil acceso, sin papeleo, pero con tasas usurarias, amenazas, acoso y violencia si no se paga a tiempo. Se aprovechan de la necesidad.

Los "gota a gota" son una multinacional a esta altura. El modelo se originó en Colombia, país emblemático por la mala regulación para el desarrollo de crédito formal hacia los sectores de menores ingresos. Las tasas de interés de gota a gota pueden llegar al 2% diario (137.640% anual).

Se ha extendido a otros países de la región -incluído Uruguay- como una red paralela de financiación que captura a los sectores excluidos del sistema formal. Recibe financiamiento del exterior y se presume que esos recursos provienen del crimen organizado.

La narrativa habitual atribuye la existencia de crédito informal a la usura de prestamistas sin escrúpulos, pero rara vez se analiza el rol de la regulación financiera en empujar a miles de personas hacia estos esquemas.

La regulación inadecuada o mal diseñada no solo afecta a los bancos. También dificulta el accionar de empresas financieras, cooperativas y fintechs que podrían competir eficazmente con el crédito informal. En muchos países, los topes de tasas se fijan sin tener en cuenta el riesgo real del segmento, los costos operativos de trabajar con población informal o el costo del fondeo. Esto impide ofrecer productos sostenibles, empujando a los más vulnerables hacia opciones más caras y peligrosas.

Pero el problema no es solo de tasas. Las condiciones generales para operar también limitan el desarrollo de crédito responsable: la falta de acceso a información confiable sobre ingresos, historial crediticio alternativo o datos de comportamiento hace que muchas personas sean invisibles para el sistema formal. Sin datos o con un conjunto parcial de datos, no hay riesgo que se pueda calcular. Y por ende, no hay crédito posible en muchos segmentos.

Combatir un problema como el de los "gota a gota" requiere más que persecución policial. Se necesita una política de crédito inclusiva, que combine regulación inteligente, tecnología para evaluar riesgos de nuevos segmentos y un entorno competitivo que permita ofrecer productos ágiles y sostenibles. También implica revisar los incentivos perversos que hoy desalientan la innovación financiera.

Los gota a gota prosperan cuando el sistema falla. Y el sistema falla cuando regula más con creencias equivocadas que con inteligencia. Son un brazo del crimen organizado que por tantas vías decimos que queremos combatir. En esta actividad, estos criminales solo crecen.Es hora de cambiar eso. En Uruguay, los gota a gota ganan terreno sin parar. El campo para esa expansión parece
ser muy fértil. Si la ley de usura, las normas del Banco Central y otras regulaciones buscaban proteger al consumidor, sobre todo al más vulnerable, se fracasó con total éxito.