La institucionalidad fiscal llegó para quedarse
Ana Fostel PhD en Economía, profesora titular de Economía y Finanzas en la Universidad de Virginia
Ana Fostel PhD en Economía, profesora titular de Economía y Finanzas en la Universidad de Virginia
El 31 de marzo finalizó mi período como consejera del Consejo Fiscal Asesor (CFA), el cual tuve el honor de integrarse junto a los consejeros Alfonso Capurro, Aldo Lema y Jorge Roldós, y el secretario ejecutivo Ignacio Umpiérrez. En lo que sigue, presento una breve reflexión sobre el balance y los desafíos de la institucionalidad fiscal en Uruguay.
El marco fiscal del Gobierno Central y BPS fue aprobado con la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020. Este incluyó una regla fiscal con tres pilares: meta de resultado fiscal estructural, tope al crecimiento del gasto público real y tope al endeudamiento neto. Se incorporaron consejos técnicos externos, el CFA y el Comité de Expertos.
La nueva institucionalidad representó un claro avance respecto a la regla fiscal de 2006. Por primera vez se incorporó un enfoque estructural de las finanzas públicas. Esto implica una mirada de largo plazo que depura el resultado fiscal de efectos cíclicos y extraordinarios de carácter transitorio y procura financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Esto permite tener una política fiscal contracíclica: ahorrar en épocas de "vacas gordas" para tener capacidad de respuesta en tiempos de "vacas flacas".
En línea con la experiencia internacional, la incorporación del CFA, que funcionó con independencia como un organismo "que si bien no puede morir sí puede ladrar", sumó credibilidad a la institucionalidad. Finalmente, se mejoró la transparencia con instancias de rendición de cuentas y comunicación más frecuentes.
Los resultados fueron en neto positivos. La regla fiscal se cumplió en sus primeros cuatro años. Como consecuencia, el resultado estructural mejoró notoriamente hasta 2023 y evidencia preliminar muestra una política fiscal con menor prociclicidad. En este período, Uruguay reafirmó su grado inversor y redujo su riesgo país, el cual se consolidó como el más bajo de la región.
La regla se incumplió en 2024, revirtiendo parcialmente las mejoras alcanzadas en el período y sin poder evitar la expansión estructural característica de años electorales.
De cara al futuro, la Ley de Presupuesto Quinquenal 2026-2030 del actual gobierno es clave. La posición fiscal actual, con un déficit estructural cercano al 4% del PIB, está lejos de una posición de holgura que asegura una trayectoria sostenible de la deuda.
Este desafío se agrava dado que la economía acumula una década de bajo crecimiento (cerca al 1% promedio anual), las tasas de interés globales se ubican en máximos de 20 años y el ciclo externo luce adverso. Por fin, es crucial un plan presupuestal con un compromiso firme con la responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
El plan presupuestal es también una ventana apropiada para mejorar el marco fiscal. Así lo entendió el gobierno saliente con la encomendación al BID de una hoja de ruta para su fortalecimiento, y así lo recibió el gobierno entrante, que ha expresado su intención de seguir muchos de los lineamientos allí recogidos.
Tanto el CFA como el BID coinciden en tres cambios necesarios en esta instancia: introducir un nivel de deuda prudente como ancla de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, dotar de autonomía legal al CFA e introducir mejoras metodológicas en la estimación del resultado fiscal estructural.
Uruguay se sumó con rezago a la tendencia de reglas fiscales sofisticadas con consejos externos. Tanto a nivel institucional como en el resultado de las políticas, el nuevo marco fiscal fue positivo. Prueba del avance es que el debate académico y político fue cambiando, desde posturas a favor de su derogación en el referéndum de la LUC en 2022 hacia la necesidad de consolidarlo.
Se pasó del "no sirve" al "existen oportunidades de mejora", lo cual validó y reforzó su importancia institucional. No hay desarrollo económico sin políticas fiscales responsables y sostenibles. La evidencia internacional es clara: reglas fiscales con consejos independientes ayudan. En Uruguay, la institucionalidad fiscal llegó para quedarse.
*Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Forbes Uruguay de Junio de 2025. Para suscribirte y recibirla bimestralmente en tu casa, clic acá.