En 2022, Uruguay y Chile llevaron adelante algo que ningún otro país había hecho hasta ese momento: emitir deuda soberana cuyo interés está ligado al desempeño del país en relación a sus metas ambientales. El bono uruguayo, por US$ 1.500 millones a 2034, tuvo —según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— una demanda de casi US$ 4.000 millones, 2,6 veces lo ofrecido. Un año después, el país decidió volver a salir al mercado por US$ 700 millones adicionales. Uruguay y Chile siguen siendo, a la fecha, los únicos dos soberanos del mundo que emitieron este tipo de instrumento.

La lógica es distinta a la de un bono verde tradicional que vincula los fondos con un proyecto puntual (como un parque eólico o una planta de tratamiento): el Sustainability-Linked Bond (SLB) uruguayo ata el costo de la deuda a los indicadores de reducción de emisiones y área de bosque nativo, verificados externamente con ajustes al alza o a la baja en el cupón. Fue realmente innovador. Convierte compromisos climáticos que suelen quedar en discursos, en cláusulas contractuales con consecuencias financieras concretas.

El propio MEF, en sus informes anuales de 2025 y 2026, reconoce que cumplir la meta de emisiones no está garantizado. Si bien las emisiones del sector agropecuario, forestal y de uso de la tierra, que concentran el 73% de las emisiones totales del país, subieron en 2023 por el uso de fertilizantes nitrogenados, se redujeron significativamente en 2024, y se ubica aún a 2 puntos porcentuales de la meta del indicador (de reducción de 50% respecto al año base), fijada para el año 2025. En definitiva, Uruguay podría terminar pagando más caro por su propia deuda si no logra alinear compromisos, política pública y dinámicas del sector privado.

El liderazgo del Estado uruguayo en los mercados de capitales aún no encuentra un correlato en el financiamiento del sector privado. Los Sustainability-Linked Loans (SLL) —la versión corporativa del mismo mecanismo, donde el margen de un préstamo baja o sube según metas de sostenibilidad— tuvieron un crecimiento explosivo a nivel global. Según BBVA CIB, el mercado alcanzó € 907.000 millones en 2024. Pero, según Environmental Finance, América del Sur concentra menos del 1% de ese volumen, muy por debajo del 9% que representa en bonos soberanos. Y de los pocos casos difundidos públicamente en la región, ninguno es uruguayo.

Algunos ejemplos incluyen el caso de LATAM Airlines, que en 2024 firmó su primer SLL con Credit Agricole y BNP Paribas, por US$ 300 millones atados a la intensidad de carbono por tonelada transportada, siendo la primera compañía aérea sudamericana en concretar este tipo de financiamiento. En ese mismo año, FIBRA Macquarie, fondo inmobiliario mexicano, tomó un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (IFC) por US$ 150 millones ligado a la certificación verde de todo su portafolio de parques industriales.

Entre las principales barreras aparecen los costos de estructurar y verificar el instrumento, que resultan muchas veces demasiado altos para empresas medianas, que no cuentan con sistemas de datos ESG robustos. Los datos confiables escasean fuera de las grandes empresas y los proveedores de segunda opinión (SPO) necesarios para validar la relevancia y ambición de las metas establecidas, están concentrados en pocas firmas globales, lo que encarece aún más el proceso.

Esa es la brecha que Uruguay tiene que cerrar: los bancos locales, que financian la mayor parte del sector productivo, recién están dando los primeros pasos para desarrollar las capacidades técnicas que exige diseñar y monitorear este tipo de operaciones. Además, todavía enfrentan incertidumbre a la hora de evaluar el riesgo. El acompañamiento de los organismos multilaterales, con financiamiento, metodologías y asistencia técnica, es clave en esta etapa de aprendizaje.

Uruguay demostró que puede ser pionero en las finanzas soberanas. El desafío pendiente, de menor escala pero no necesariamente menos complejo, es trasladar ese aprendizaje al sistema financiero, para que la economía también pueda financiarse bajo criterios de sostenibilidad. Emitir un bono innovador fue apenas el inicio. Lo decisivo es la construcción de un mercado que adopte estos instrumentos con continuidad y alcance.

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Forbes Uruguay de Agosto de 2026. Para suscribirte y recibirla bimestralmente en tu casa, clic acá.