El proyecto presentado por el Ejecutivo plantea un sendero inusual. Para los primeros años se prevé un deterioro del resultado fiscal, pasando del 3,2% al cierre de la administración Lacalle Pou a un 4% hacia 2026. Recién después se proyecta una mejora gradual, con un déficit de 2,6% al finalizar el quinquenio. Este diseño rompe con el patrón histórico de todos los gobiernos desde el retorno democrático (salvo el de Jorge Batlle), donde el ajuste fiscal —ya sea por suba de impuestos, reducción del gasto o una combinación de ambos— se concentra al inicio, aprovechando el mayor capital político. Hacia el cierre, en cambio, suele predominar un mayor relajamiento y el déficit tiende a expandirse.

¿Por qué, entonces, el presupuesto de Orsi invierte esa lógica? Por el lado del gasto, se estima un crecimiento relativo al PIB hasta 2026 y una contracción posterior. Los mayores incrementos son en salud, seguridad social y protección social e infraestructura. Por su parte, hay una disminución real en servicios públicos generales, educación y defensa nacional. En materia de ingresos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuesta a un aumento sostenido durante todo el período, impulsado por mejoras en la eficiencia recaudatoria y la creación de tres nuevos tributos: el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, el IRPF sobre incrementos patrimoniales de activos en el exterior y el IVA a compras bajo régimen de franquicias.

El propio MEF ha señalado que estas medidas aportarían unos US$ 600 millones anuales, equivalentes al 0,7% del PIB. Sin embargo, la experiencia reciente de países de la región, como Chile y Colombia, muestra que las reformas tributarias suelen recaudar menos de lo previsto en los papeles. Además, el presupuesto asume un desempeño excesivamente favorable de la recaudación real, que crecería a mayor ritmo que la economía. En el quinquenio pasado ocurrió lo contrario: el PIB avanzó más que los ingresos reales. Si la historia se repite, las proyecciones fiscales quedarían comprometidas.

A esto se suma el riesgo inflacionario. Dado que el presupuesto se plantea en un marco de cinco años hacia adelante, es inevitable hacer suposiciones y proyecciones de cómo se comportarán las variables macroeconómicas en el futuro. El ministerio prevé una inflación estable en torno al 4,5% para casi todo el período. Esto contradice lo anunciado por las autoridades del Banco Central (BCU) quienes han manifestado reiteradamente su intención de reducir la meta, posiblemente al 3%. Si efectivamente la meta se reduce (y con ella la inflación) la recaudación se vería comprometida. Si bien una menor inflación es algo indudablemente positivo, en el corto plazo implica una menor recaudación dado que los precios (base imponible del IVA) evolucionarían por debajo de los previsto.

Si los ingresos no alcanzan los niveles estimados, el único camino para cumplir las metas fiscales sería un ajuste del gasto. El problema es que el gasto público en Uruguay es rígido y difícil de recortar en el corto plazo. Usualmente lo publicado en el presupuesto opera más como un "piso" que como un "techo". En ese escenario, el déficit tendería a ampliarse hacia el final del quinquenio; aunque sin el "ajuste inicial" que caracterizó a gobiernos anteriores.

Mientras más lejos se proyectan los números, mayor es la incertidumbre. Apostar a que la consolidación fiscal llegará recién en la segunda mitad del período aumenta la vulnerabilidad ante shocks externos o desvíos en las proyecciones. A esto se suma el riesgo de basarse en supuestos excesivamente optimistas: si la recaudación no evoluciona como se espera y la inflación converge a niveles más bajos, el margen de maniobra del gobierno se reducirá. Si la realidad no acompaña, el ajuste podría quedar, simplemente, sin hacerse.