En la misma semana en que el gobierno francés consolidó un aumento impositivo que castiga los resultados corporativos, Bernard Arnault decidió hacer exactamente lo contrario a lo que dicta el manual del temor: sacar la chequera y comprar más acciones de LVMH. El choque entre un Estado urgido de recaudar y el hombre más rico de Francia condensa, en unos pocos números, la tensión actual del capitalismo europeo.

El gobierno francés de Sébastien Lecornu se aseguró el apoyo al presupuesto de la izquierda luego de extender un gravamen extraordinario sobre las ganancias empresarias que este año implicará un golpe de € 7.500 millones para las mayores compañías del país. El recargo, que se había presentado en 2025 como una medida “por única vez” para recaudar unos € 8.000 millones, ahora, en 2026, fue renovado con ajustes menores por el gobierno del primer ministro -un muy discreto aliado del presidente Emmanuel Macron-, como concesión al Partido Socialista para lograr aprobar el presupuesto. El objetivo oficial es claro: ayudar a reducir el déficit fiscal al 5% del PBI.

En la práctica, el impuesto eleva la presión efectiva sobre las empresas con ingresos anuales superiores a €3.000 millones hasta el 35% y al 30% para aquellas por encima de €1.500 millones, al sumar un recargo sobre el impuesto de sociedades estándar aplicado a las utilidades generadas en Francia. Según cálculos de la OCDE, esto deja a Francia con la tasa legal de impuesto corporativo combinada más alta del bloque, en torno al 36%, muy por encima de un promedio que ronda el 24%.

Para los defensores de la medida, se trata de un simple acto de justicia distributiva. El líder socialista Olivier Faure lo sintetizó sin rodeos: “Estamos hablando de un recargo sobre 300 empresas que son las más grandes de Francia. Estas son personas que han distribuido más de € 100.000 millones en dividendos y recompras de acciones el año pasado. ¿Usted cree que no podemos tomar € 8.000 millones?”.​

Del otro lado del mostrador, la frase que quedó grabada fue la de Philippe Juvin, diputado de derecha y negociador clave del presupuesto 2026, que se opuso al recargo: “Francia ya tiene entre las tasas de impuestos más altas del mundo. Las empresas no son vacas lecheras”. La metáfora de las “vacas para ordeñar” se convirtió en un resumen brutal de la sensación de hartazgo que recorre los directorios.​

“Perdimos toda la competitividad que habíamos ganado”

La crítica empresarial no es genérica, viene con nombre, apellido y hoja de resultados. Safran, el grupo aeroespacial y de defensa, pagará unos € 470 millones ligados al nuevo impuesto este año, tras haber desembolsado € 377 millones el año pasado. Su CEO, Olivier Andriès, fue directo: “Con el recargo, hemos vuelto o incluso superado un poco el nivel inicial de impuestos [cuando Macron asumió]. Hemos terminado perdiendo toda la competitividad que habíamos ganado”.​

El impuesto también golpea con fuerza a la banca. La federación bancaria francesa calcula un impacto superior a los € 1.000 millones, concentrado en las entidades con fuerte operación doméstica. Solo las cooperativas Crédit Mutuel, Crédit Agricole y BPCE pagarán en conjunto unos € 800 millones por este concepto. En infraestructura, Vinci, operador de autopistas, registró un impacto de € 425 millones sobre su flujo de caja libre.​

No todos, sin embargo, acusan el golpe de la misma manera. BNP Paribas, el mayor banco del país, informó que el efecto de la medida fue “negligible” en sus resultados, reflejando cómo la estructura de ingresos —más o menos expuesta al mercado doméstico— define la intensidad del impacto.​

François Ecalle, ex alto funcionario del Ministerio de Finanzas y hoy al frente del think tank Fipeco, aportó un matiz técnico a un debate dominado por golpes de efecto. En una nota reciente, escribió que el tributo “excepcional y limitado” tiene poco impacto sobre la actividad económica en el corto plazo, pero advirtió que la incertidumbre sobre cuánto tiempo se aplicará “es perjudicial porque pone freno a la inversión”.​

Arnault, entre la queja fiscal y la apuesta personal

En ese clima enrarecido, la voz de Bernard Arnault, presidente y CEO de LVMH, resonó con fuerza. El empresario cuestionó la nueva orientación fiscal del gobierno al afirmar que la política francesa busca “gravar a las empresas hasta el límite y crear desempleo” y admitió estar “algo reservado” sobre las perspectivas del grupo para 2026. 

La compañía estimó que el recargo impulsó el total de impuestos sobre la renta pagados en Francia hasta unos €5.500 millones el año pasado, más de €300 millones por encima de 2024, según detalló la CFO Cécile Cabanis.​

Paradójicamente, la propia LVMH se benefició en paralelo de menores tasas en Estados Unidos, apalancadas en la “One Big Beautiful Bill” de Donald Trump, lo que ilustra el diferencial de competitividad tributaria entre jurisdicciones. Cabanis anticipó que espera una tasa impositiva “idéntica” en Francia para 2026, es decir, sin alivios a la vista.​

Pese a las quejas, Arnault eligió una respuesta que los mercados leen como seña de confianza: compró más acciones. Tras unos resultados anuales por debajo de lo esperado y una caída bursátil que borró unos US$15.000 millones de su patrimonio en un solo movimiento, el ejecutivo inició un programa de compras que, en dos semanas, insumió alrededor de US$440 millones para aumentar la participación familiar en LVMH.​

Según el último informe anual del grupo, la familia Arnault ya controlaba el 49% del capital y el 64,8% de los derechos de voto a fines de 2024, una posición de dominio que cualquier fundador envidiaría. El nuevo tramo de compras la acerca al objetivo explícito de superar el 50% del capital accionario este año, consolidando el control familiar sobre un conglomerado valorado en unos US$270.000 millones. Forbes estima hoy la fortuna personal de Arnault en US$166.600 millones, con LVMH como principal fuente de ese patrimonio.​

Un mensaje para París… y para el mercado

Para los analistas, el movimiento tiene una lectura doble. Por un lado, funciona como gesto político en medio del debate sobre la carga fiscal a las grandes corporaciones francesas. Bernard Arnault ya dejó en claro que considera que la política actual de París tiende a “gravar a las empresas hasta el límite y crear desempleo”, pero no acompaña esa crítica con desinversión sino con más exposición a su buque insignia.

Por otro, se trata de un mensaje al mercado del lujo, que atraviesa un ciclo menos exuberante que el de la pospandemia. La combinación de resultados inferiores a lo esperado, clima político tenso y endurecimiento fiscal había golpeado el precio de la acción. Que el propio fundador compre, y mucho, opera como validación interna de que el largo plazo sigue intacto.

Mientras en París se discute si las grandes empresas son “vacas lecheras” o locomotoras de la economía, el caso LVMH condensa la paradoja francesa: un Estado que busca financiarse con una elite corporativa muy rentable y un puñado de gigantes globales que, entre quejas por la presión fiscal récord del 36%, siguen haciendo lo que mejor saben hacer: defender su control y apostar a que, al final del día, el lujo siempre encuentra la forma de seguir vendiendo deseo.