El gobierno uruguayo enfrenta una nueva encrucijada en materia de combustibles, en un contexto de petróleo en alza y menor dinamismo previsto para la economía en 2026. El informe más reciente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), correspondiente al período del 26 de marzo al 25 de abril, muestra que el Precio de Paridad de Importación (PPI) ya incorpora aumentos significativos. 

Para la nafta Premium 97, el PPI en planta de La Tablada subió 5,57% frente al mes anterior, mientras que en la nafta Súper 95 el incremento fue de 5,92%. En el caso del gasoil 50S, la suba trepó a 10,53% y para el gasoil 10S a 10,52%, configurando un ajuste de dos dígitos en el producto clave para el transporte y la producción. El PPI del supergas, a su vez, marcó un aumento de 3,96%.

Estos porcentajes no son todavía los ajustes finales al público, ya que sobre la referencia del PPI se deben sumar costos de distribución y comercialización, además del factor estabilizador de Ancap, estimado en $ 1,20 por litro. Pero el dato adelanta la dimensión de la presión alcista que llega desde el mercado internacional del crudo, donde la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente volvió a encarecer los precios y a tensionar las cuentas energéticas de los importadores. 

Uruguay, que utiliza el PPI como benchmark para fijar tarifas, queda así expuesto a una disyuntiva clásica: trasladar el shock externo o absorber una parte en el margen fiscal y en el balance de las empresas públicas.

A fines de marzo, el Poder Ejecutivo optó por la segunda vía. El gobierno resolvió aumentar los combustibles a partir del 1° de abril un 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– en todos los casos. En aquella conferencia, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) destacaron que, sin la aplicación de la regla, los aumentos hubieran sido sensiblemente más altos: 13% en naftas y 44% en gasoil. “La idea de que la economía no internalice el PPI de manera absoluta, tiene que ver con proteger la estabilidad de precios y sobre todo cuando se trata de modificaciones de precios que son replicadas por un evento extraordinario”, había dicho Oddone en esa ocasión.

Ese diseño responde a una lógica de estabilización: topes de variación máxima de 7% para amortiguar la volatilidad internacional, combinados con un factor de ajuste por litro que también sirve para sostener subsidios como el del supergas. 

La contracara es que, cuando el PPI se mantiene por encima del precio efectivo en los surtidores, se genera un sobrecosto implícito que, según distintos cálculos privados, ya se tradujo en decenas de millones de dólares en “sobreprecio” pagado por los usuarios para alimentar el fondo de estabilización.

Ahora, con el PPI mostrando subas de dos dígitos en gasoil y de un dígito en naftas, el gobierno deberá definir si vuelve a aplicar el límite del 7% o si empieza a reflejar una porción mayor del nuevo nivel de precios del petróleo. 

La decisión no será neutra para la competitividad: un ajuste más fuerte pegaría directo en los costos logísticos y del agro, mientras que postergar el traslado aumenta las tensiones sobre las finanzas públicas y sobre Ancap. En un año en el que el Banco Central ya anticipa “menor dinamismo” para la economía uruguaya, la forma en que se resuelva esta ecuación energética será un termómetro clave de la estrategia oficial para navegar un shock externo que todavía no da señales de aflojar.