El régimen de promoción de inversiones volvió a colocarse en la agenda empresarial uruguaya. Con la aprobación del Decreto 329/025, el Gobierno introdujo cambios en la forma de evaluar los proyectos que buscan beneficios fiscales, con el objetivo explícito de mejorar el impacto real de las inversiones sobre empleo, innovación y sostenibilidad, sin alterar la estructura básica del sistema.

Desde KPMG Uruguay, Marcelo Sibille, gerente senior del Área de Asesoramiento Económico y Financiero, explicó a Forbes Uruguay que se trata de una redefinición de prioridades. Los beneficios fiscales son los mismos, pero ahora se exige una mayor coherencia entre lo que se invierte y los resultados que el país espera obtener.

El régimen no es nuevo. Funciona desde 2008 bajo el paraguas de la Ley de Inversiones de 1998 y, a lo largo de los años, fue ajustándose mediante distintos decretos. La lógica general se mantiene ya que cualquier empresa puede presentar un proyecto, sin importar su tamaño, siempre que realice inversiones productivas. Lo que cambia es la forma en que se mide el aporte de esos proyectos.

Los incentivos fiscales continúan siendo cuatro. La exoneración del IRAE todavía es el beneficio central y se aplica como un porcentaje de la inversión elegible durante un plazo determinado. A eso se suman la exoneración del Impuesto al Patrimonio para los bienes del proyecto, la devolución del IVA en compras en plaza y la exoneración de tributos a la importación para bienes no competitivos con la industria nacional.

Cómo cambian los criterios y qué busca ahora el Estado

Las principales modificaciones del nuevo decreto aparecen en la matriz de indicadores que determina el nivel de beneficios. Algunos criterios desaparecen, otros se reformulan y varios ganan peso. La filosofía general no se altera: el Estado sigue premiando la generación de empleo, la innovación, la descentralización territorial, la sostenibilidad ambiental y el perfil exportador.

Uno de los cambios más significativos apunta a los proyectos de gran porte. El decreto habilita la posibilidad de exonerar hasta el 100% del IRAE para inversiones de gran magnitud, del orden de los US$ 30 millones o más, siempre que se cumplan mínimos exigidos en generación de empleo y en adecuación tecnológica, innovación o investigación y desarrollo. Es una señal clara hacia proyectos con impacto estructural, en muchos casos vinculados a nuevas plantas o a la instalación de operaciones desde cero.

En el extremo opuesto del sistema aparecen las micro, pequeñas y medianas empresas, que también reciben un estímulo adicional. Una vez calculado el porcentaje de exoneración según la matriz general, las mipymes acceden a un plus de hasta 15 puntos porcentuales en el IRAE. Para Sibille, este punto vuelve al régimen más atractivo para empresas de menor escala, que en el esquema anterior quedaban en una posición menos favorable.

El empleo es otro de los ejes que cambia de forma relevante. Ya no alcanza únicamente con crear puestos de trabajo, sino que se valora especialmente la contratación de colectivos vulnerables, como jóvenes menores de 29 años y mujeres. El foco se desplaza hacia la calidad del empleo, su permanencia en el tiempo y su alineación con objetivos sociales más amplios.

En materia de innovación, el nuevo indicador agrupa adecuación tecnológica, innovación e investigación y desarrollo. Las empresas deben fundamentar cómo sus proyectos aportan en estos aspectos y la evaluación técnica queda a cargo de la Agencia Nacional de Innovación (ANII). No se trata solo de desarrollos científicos ya que la innovación puede estar en procesos, productos o incorporación de tecnología. Para las pymes, este indicador no es excluyente, ya que el régimen permite acceder aun cuando no se puntúe en todos los criterios.

Quiénes ganan con el nuevo régimen y qué mirar hacia 2026

Desde la visión de KPMG los grandes proyectos que combinan empleo e innovación encuentran una oportunidad inédita para maximizar beneficios fiscales. Las mipymes también salen fortalecidas por el premio adicional. El mayor desafío aparece para las empresas medianas, con inversiones de hasta algunos millones de dólares, donde el resultado depende en gran medida del diseño del proyecto y de su capacidad para alinearse con los nuevos indicadores.

Detrás de estos cambios hay un diagnóstico que el propio Gobierno reconoce. Durante años, el régimen otorgó beneficios fiscales relevantes, pero la tasa de inversión sobre el Producto Interno Bruto se mantuvo relativamente estable, en torno al 16%, salvo excepciones puntuales como los grandes proyectos forestales. En muchos casos, las empresas accedían a beneficios para inversiones que igual habrían realizado. El nuevo enfoque busca que el gasto tributario tenga un efecto adicional y medible sobre la economía real.

El decreto establece además un período de transición. Hasta el 30 de abril de 2026, las empresas pueden optar por presentar proyectos bajo el régimen anterior. A partir de mayo, el Decreto 329/025 pasa a ser el único marco vigente.