A pedido de la Fiscalía, la Justicia imputó a Pablo Carrasco, socio de Conexión Ganadera, quien deberá cumplir prisión preventiva al menos hasta el 10 febrero del próximo año. Su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, viuda del socio de la empresa Gustavo Basso, también fueron imputadas y deberán cumplir prisión domiciliaria hasta la misma fecha.
El pedido de formalización de la investigación y las medidas cautelares, fueron pedidas por el fiscal Enrique Rodríguez a la jueza Diovanet Olivera en el marco de una audiencia que tuvo lugar este jueves. La magistrada dispuso también un embargo específico sobre bienes inmuebles y vehículos por un valor aproximado de US$ 16 millones.
A Carrasco, se le imputó un delito continuado de estafa en reiteración real y un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, en calidad de autor. Mientras que para Iewdiukow y Cabral la imputación fue por un delito continuado de estafa, ambas en calidad de autoras. De todas maneras, Rodríguez aseguró que la investigación continúa y que puede ampliarse la calificación jurídica respecto a los involucrados o a nuevos imputados.
"A grosso modo, este tipo delictivo requiere que haya engaños o estratagemas y se entendió que (aunque) la empresa estaba en una situación patrimonial muy delicada, de todas formas se siguieron captando inversiones sin advertirles a los damnificados cuál era la situación real", indicó en rueda de prensa recogida por Telemundo, Javier Benech, vocero de la Fiscalía. "Además, el fiscal indicó que en este tiempo los imputados compraron bienes, en algunos suntuosos, en perjuicio de las víctimas", agregó. En total, según Rodríguez, son 4.300 las personas damnificadas.
Conexión Ganadera, con una trayectoria de 25 años, ofrecía a sus inversores rentas fijas anuales en dólares de entre 7% y 9% y manejaba una superficie de campos arrendados de unas 70.000 hectáreas. Según se había informado, actualmente la empresa tiene un pasivo de US$ 400 millones y un activo (ganado, créditos a cobrar e inmuebles) valuado en unos US$ 150 millones. De ahí surge una diferencia apreciable de US$ 250 millones.
Su derrumbe, así como el de Grupo Larrarte y República Ganadera, dejó un tendal de damnificados y pérdidas millonarias para más de 6.000 inversores que llearon a invertir incluso cifras de más de US$ 500 millones.
