El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional presentado por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones tributarias que, sin constituir una reforma estructural, representan la mayor evolución normativa desde la Reforma Tributaria de 2007. El enfoque apunta a alinear el sistema fiscal uruguayo con estándares internacionales, equiparar la carga entre distintos contribuyentes y tipos de renta, y aumentar la recaudación en línea con la consolidación fiscal que enfrenta el país, como señaló reiteradamente el equipo económico.

Impuesto Mínimo Global: Uruguay se adelanta, pero el impacto es incierto

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (DMTT), aplicable a grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a €750 millones. La medida busca garantizar una tributación efectiva mínima del 15% en Uruguay, especialmente para entidades bajo regímenes promocionales como zonas francas, COMAP o software, que de otro modo podrían tributar en la jurisdicción de su casa matriz.

El objetivo es evitar que otros países capten la recaudación que Uruguay podría legítimamente percibir, en línea con el marco BEPS y el Pilar II de la OCDE. Aunque no implica un perjuicio directo para los grupos, puede generar impactos contables y financieros, y requerirá una reglamentación precisa, sobre todo en su interacción con incentivos fiscales y créditos reembolsables.

También surgen dudas sobre la neutralidad del impuesto en ciertos casos, y la inclusión del DMTT como excepción al régimen de zona franca —sin excluir contratos vigentes— podría generar controversias legales.

Con esta iniciativa, Uruguay se posiciona como pionero en la región junto a Brasil. Su efecto en inversión y crecimiento dependerá de la calidad técnica de la reglamentación y su implementación.

Rentas del exterior: simetría fiscal con desafíos operativos

El proyecto propone gravar con IRPF (12%) los incrementos patrimoniales provenientes de activos en el exterior con excepción de arrendamientos de bienes muebles e intangibles, derechos de imagen e instrumentos derivados. También se amplía la definición de rendimientos de capital (mobiliario e inmobiliarios) comprendidos en el IRPF. Esto equipara la tributación de inversiones extranjeras con las locales. 

Sin embargo, se suman complejidades e incertidumbres en cuanto a la aplicación práctica que quedan a la vista tras estas primeras horas de conocido el texto preliminar: vigencia, alcance temporal, cálculo (real o ficta), devengado vs. percibido, y rol de agentes de retención. Por eso, la reglamentación será clave para evaluar el impacto real en recaudación y brindará certeza a los contribuyentes.

Consumo digital bajo la lupa

El proyecto propone gravar con IVA las compras anuales menores a US$ 800 (hoy US$ 600) realizadas en plataformas extranjeras, manteniendo las franquicias aduaneras y excluyendo países con acuerdos comerciales vigentes, como Estados Unidos. La medida busca equilibrar el comercio local frente al crecimiento del e-commerce internacional.

Aunque encarece las compras en un 22%, su efecto en el comportamiento del consumidor y en la brecha de precios aún es incierto. También será clave observar su impacto en el costo de vida y en la recaudación fiscal.

Un paso hacia una política fiscal más moderna

En conjunto, las modificaciones propuestas reflejan un esfuerzo por adaptar el sistema tributario a los desafíos actuales y a las exigencias de consolidación fiscal, con un enfoque técnico, prudente y alineado con estándares internacionales.

El éxito dependerá de su implementación, del diálogo entre el sector público y privado —hasta ahora amplio y constructivo— y de la capacidad del Estado para fiscalizar con inteligencia y proporcionalidad, considerando situaciones excepcionales y la carga administrativa para los contribuyentes.

Preservar la seguridad jurídica será clave: es un valor histórico de Uruguay y un pilar fundamental para la inversión privada y extranjera.