A diferencia de países como Brasil, Argentina o México, Uruguay desarrolló este modelo de manera más tardía. Sin embargo, en la última década, se registró un crecimiento sostenido en la llegada de nuevas marcas y en los próximos meses se concretará el ingreso de cadenas como KFC o Cinnabon. Esta expansión responde, en parte, a la maduración del ecosistema local, que incluye proveedores especializados, software de gestión y una creciente demanda por reglas claras.

El menor tamaño del mercado uruguayo llevó a que muchas marcas internacionales gestionaran su operación desde países vecinos a través de franquicias master. No obstante, cada vez más empresarios locales adoptan el modelo como una estrategia de escalabilidad y la crisis en Argentina hizo que muchas empresas se instalen de este lado del charco, generando la necesidad de contar con un marco normativo que contemple sus particularidades.

El aumento de socios en la Cámara Uruguaya de Franquicias (Caufran) también evidenció la aparición de conflictos entre franquiciantes y franquiciados para quienes no existe una legislación específica. 

"La cámara atravesó un proceso de crecimiento en su cantidad de socios, surgieron más oportunidades, pero también nuevas situaciones y problemáticas, distintas a las que había al comienzo", explicó Matías Mezzottoni, presidente de la Cámara que nuclea a 45 socios que generan más de 35.000 empleos directos a través de más de 800 empresas.

Ante este vacío legal, Caufran impulsa desde hace dos años un proyecto de ley que se presentará en el Parlamento a fines de 2025. La iniciativa se inspira en legislaciones de países como México, Brasil, Argentina y España, considerando también experiencias fallidas para evitar errores.

El proyecto de ley es elaborado con el respaldo técnico de la consultora KPMG y la participación de referentes clave del ecosistema, entre ellos Karla Bartel (KB Consultores), Natalia Druziuk (Instituto Neone), Gabriel Grasiuso (Surplus Internacional), Giovanna Lorenzi y Juan Martínez (ambos de KPMG), junto al mismo Mezzottoni. Una vez finalizado, el borrador será presentado a los distintos actores del sector para su análisis y enriquecimiento, con miras a impulsar una legislación que fortalezca a todo el sistema de franquicias en el país.

El objetivo principal es regular el sector y otorgar certezas jurídicas a ambas partes involucradas. La ley abordará aspectos como la duración de los contratos (habitualmente de cinco años), el monto de inversión, la rentabilidad esperada y otros elementos clave de este modelo comercial.

"La idea no es ir en contra de ninguna ley existente, sino entenderlas y, si es necesario, proponer modificaciones que se adecúen a esta forma de negocio", afirma Mezzottoni.

Por el momento, no hay legisladores involucrados directamente en la iniciativa, aunque la Cámara de Franquicias ya comenzó a trabajar con otras instituciones clave del ecosistema empresarial. "Nos reunimos con la Cámara de Industrias, que se comprometió a revisar el borrador desde su equipo legal una vez que esté finalizado. También haremos lo mismo con la Cámara de Comercio", explicó.

En busca del financiamiento

Además de una ley que los regule, el financiamiento es otro de los temas que desvela al sector de las franquicias en Uruguay. "Habitualmente, cuando vas a adquirir una franquicia, en realidad estás abriendo una empresa desde cero. Es decir, no contás con balances ni historial operativo, lo que te dificulta acceder a financiamiento mediante leasing, y los bancos todavía te observan con cierta desconfianza por la falta de respaldo", estimó Mezzottoni.

Remarcó que desde Caufran se trabaja para generar cada vez más herramientas que acompañen y faciliten ese proceso. "Trabajamos para que los bancos entiendan que la franquicia es un modelo seguro y escalable", finalizó.