Data clave
- La medida fue aprobada mediante el Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Federico Sturzenegger. El régimen se enmarca en la política de reorganización del Estado y reducción del gasto público impulsada por el Ejecutivo.
- El programa está dirigido a empleados de planta permanente y trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la administración nacional centralizada, comprendidos en las leyes 25.164 y 20.744. No alcanza a los contratados temporarios bajo el artículo 9 de la Ley 25.164 ni al personal de los organismos descentralizados y de las empresas estatales.
- El plazo para solicitar el retiro se extenderá del 1 al 30 de noviembre de 2026. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del ministerio que conduce Sturzenegger, podrá prorrogar la convocatoria una sola vez, por un máximo de 30 días corridos, según establece el artículo 2 del decreto.
- Las compensaciones dependerán de la edad, la antigüedad y los aportes previsionales de cada empleado. Para las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62, el régimen establece una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco sueldos según los años trabajados en planta permanente.
- Los empleados cercanos a la edad de jubilación tendrán condiciones distintas. Quienes cuenten con los aportes necesarios podrán acceder a una gratificación de hasta 18 sueldos por antigüedad, sujeta también al tiempo restante para jubilarse, más cinco sueldos adicionales. En cambio, determinados trabajadores que todavía no hayan acumulado los aportes suficientes podrán optar por cobrar el 60% de su remuneración bruta mensual durante un máximo de 36 meses o bien elegir una compensación única.
- La adhesión no garantiza automáticamente el acceso al beneficio. Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazar solicitudes cuando consideren que la salida del trabajador afecta la continuidad de los servicios. Dispondrán de hasta 40 días corridos después del cierre de la convocatoria para resolver cada pedido. La falta de respuesta se interpretará como rechazo.
- Los empleados que acepten el retiro no podrán reincorporarse al Sector Público Nacional durante ocho años, bajo las modalidades alcanzadas por la restricción. En caso de incumplimiento, perderán los pagos pendientes y deberán reintegrar los montos que correspondan según las condiciones del régimen. La norma contempla una excepción para la docencia en universidades nacionales.
La cifra
20.000. Esa es la cantidad aproximada de empleados públicos que, según Sturzenegger, estarían en condiciones de participar en el programa. La cifra representa una estimación de trabajadores elegibles y no la cantidad de personas que efectivamente solicitarán el retiro. El decreto no establece una meta de adhesiones.
La frase
Al anunciar la medida en su cuenta de X, Sturzenegger vinculó el programa con la estrategia económica del Gobierno y sostuvo: "Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos". El ministro también explicó que el objetivo de las restricciones al reingreso es evitar lo que denominó "una puerta giratoria" dentro de la administración pública.
En su publicación, el funcionario cometió un error al identificar la norma como el Decreto 1023/26, cuando en realidad se trata del Decreto 1203/2026, según consta en el Boletín Oficial.
Contexto
El nuevo régimen forma parte de la estrategia de reducción y reorganización de la estructura estatal que impulsa el gobierno de Milei. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamenta la iniciativa en la necesidad de avanzar en la "optimización de sus estructuras y dotaciones", con el propósito declarado de mejorar la asignación de los recursos públicos.
Uno de los aspectos centrales de la norma es que las desvinculaciones no generarán vacantes disponibles para nuevas contrataciones. El artículo 3 dispone que las jurisdicciones deberán adoptar las medidas necesarias para la "eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes al personal que acceda al mismo", a partir de la fecha en que finalice la relación laboral.
Esta disposición diferencia al programa de una política convencional de reemplazo de personal: los puestos correspondientes a los trabajadores que se retiren deberán desaparecer de la estructura presupuestaria. Además, el artículo 15 del anexo establece que la reducción de las dotaciones no podrá utilizarse como justificación para incorporar nuevos agentes.
La iniciativa se suma a otros programas de retiro voluntario implementados en 2026 en organismos como la ANSES, el INTA y la Administración de Parques Nacionales. A diferencia de esos esquemas particulares, el nuevo decreto establece un régimen común para las jurisdicciones de la administración nacional centralizada.
Qué sigue
La apertura de las inscripciones, prevista para el 1 de noviembre, será el primer paso para determinar el nivel real de participación de los empleados públicos. Todavía no se sabe cuántos trabajadores solicitarán efectivamente su desvinculación ni cuántas solicitudes serán aprobadas por las autoridades de cada jurisdicción.
También quedará por determinar el impacto presupuestario de la medida. El artículo 4 del decreto establece que las compensaciones se financiarán con los créditos vigentes de cada jurisdicción, pero no presenta una estimación del costo total del programa ni del ahorro que podría generarse en los próximos años.
La evolución de las adhesiones, la cantidad de solicitudes aceptadas y la reducción efectiva de cargos permitirán evaluar el alcance de una iniciativa que el Gobierno presenta como una nueva herramienta para reducir el tamaño de la administración pública nacional.
