Ignacio Munyo propone que Uruguay se aboque a ingresar a la OCDE y realice todas las reformas necesarias, comenzando por el régimen laboral
Nelson Fernández Salvidio Periodista, docente y escritor
La burocracia es una especie de ente con vida propia, ajena a los colores partidarios y a la base ideológica de los sectores políticos. Se convierte en una protección de administrativos que trancan los trámites de inversión, bloquean el funcionamiento ágil de la economía y frenan el crecimiento, según la mirada del economista Ignacio Munyo, que desde el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) lo estudió en profundidad y lo conversó con líderes políticos, sindicales, empresarios, asesores y todos los que de una u otra manera están vinculados.
“Creo que no hay duda que el país es una marca registrada por la democracia, por su seguridad jurídica, por su estabilidad macroeconómica”, y que esos “son aspectos que nadie discute”, dice Munyo en diálogo con Forbes Uruguay. A la vez advierte que “cuando uno empieza a ver qué es lo que determina que una inversión sea rentable, aparecen otros factores” y sostiene que “es ahí es donde aparece” la necesidad de “las famosas reformas estructurales”.
Para Munyo la primera reforma es sobre regulación laboral y apunta a la negociación salarial y los componentes que se fijan, a los conceptos de presentismo y a la productividad. Recuerda que Argentina está en eso y que Uruguay no puede dar ventajas.
El economista advierte que es imperioso que haya reformar de las empresas públicas y pone acento en dos tipos de “normas” que afectan las inversiones. Una la define como la de “por las dudas”, que “son normas que buscan controlar, sobrecontrolar y regular para evitar un riesgo potencial”.
“Las otras que son más complejas aún, que tienen nombre y apellido, y son regulaciones que a lo largo de la historia de determinados sectores han tenido un privilegio de exclusividad y eso hace que no exista competencia y se encarezca”.
