Si Uruguay sigue plantando al ritmo de los últimos años, duplicar su área forestal actual le llevaría un siglo. Ese número, tan simple como incómodo, sobrevoló buena parte de la octava edición de los Desayunos Forestales, que la Sociedad de Productores Forestales (SPF) organizó este martes en el hotel Radisson bajo el título “Decisiones que marcan el futuro”.

En el encuentro, donde se reunieron autoridades, empresarios y técnicos del sector, se presentó un informe que responde una pregunta que había quedado picando desde el año pasado: ¿qué pasaría si el país sumara 500 mil hectáreas más de bosque?

Abrió Lucía Basso, presidenta de la SPF, con un repaso que fue tanto personal como sectorial. Contó cómo su propio recorrido —elegir la orientación forestal en Agronomía “en aquel momento parecía una verdadera locura”, pasar del sector público al privado y después animarse a emprender— la llevó a pensar en las decisiones como el hilo conductor de cualquier historia larga. “Las decisiones que tomamos —y también las que postergamos o dejamos de tomar— van construyendo nuestro futuro”, planteó.

Con el sector forestal, dijo, pasa lo mismo. La fecha de nacimiento de esa iniciativa es la ley de 1987, cuando plantar árboles en Uruguay era un proyecto más que una certeza. “Hoy sabemos cómo terminó esa apuesta, pero en su momento nadie lo sabía con seguridad”, recordó Basso. 

Lo que vino después fue una cadena de decisiones sostenidas por nueve gobiernos de distinto signo político, que Basso resumió en una frase: confiar en “un futuro que todavía no existía”. El resultado, hoy, son más de 46 mil empleos y una tasa de certificación ambiental del 90% bajo normas FSC y PEFC.

De las baterías al acero de madera

Francisco Bonino, vicepresidente de la SPF, presentó el informe central del día: “Cómo sumar 500 mil ha de forestación”. Arrancó con dos ejemplos que funcionan más como señal de época que como anécdota. 

El primero, baterías fabricadas a partir de carbono derivado de la lignina —un subproducto de la celulosa— que ya empieza a moverse hacia la escala comercial, con desarrollo de una empresa instalada en Uruguay. 

El segundo, un proceso surgido en la Universidad de Maryland que transforma la madera a nivel molecular hasta volverla un 80% más liviana y un 50% más resistente que el acero, al punto de pensarse como material para carcasas de celulares. Esa compañía, InventWood, ya cerró su primera ronda de capital.

Son señales de un mercado que crece. Según la FAO, la demanda mundial de madera podría subir hasta 49% para 2050, lo que exigiría 33 millones de hectáreas nuevas de bosque plantado en todo el mundo. Uruguay, dijo Bonino, no aspira a cubrir esa demanda entera. Apenas quiere aportar medio millón de hectáreas.

El freno que nadie esperaba

El sector hoy mueve US$ 350 millones en inversión en tres industrias de madera sólida —dos arrancando, y otra en proceso—, genera 46.600 empleos, aporta US$ 715 millones en impuestos y cargas sociales, exporta US$ 2.760 millones y cubre el 13% de la energía del país con biomasa. Pero la base que sostiene todo eso empieza a mostrar grietas.

La primera Ley Forestal es de 1968 y, desde entonces, acumuló más de 30 decretos y modificaciones. El área nueva plantada, que en los primeros años del boom rondaba las 50.000 o 60.000 hectáreas anuales, fue perdiendo fuerza: 5% de crecimiento en 2007, 2,8% hacia 2013, menos del 1% el año pasado. 

“La forestación no está creciendo”, resumió Bonino. Al ritmo actual, duplicar el área forestada tomaría un siglo. El país tiene hoy casi 1,2 millones de hectáreas de bosques forestados. El área de aptitud forestal del país es de unos 4 millones de hectáreas. 

La premisa que atraviesa el informe de la SPF es que no hace falta gastar más, sino identificar dónde están las trabas y decidir. 

Según un estudio de Exante, que acompañó la presentación de Bonino, sumar esas 500 mil hectáreas equivaldría a un 2,5% de PIB adicional, llevaría el empleo de 46.000 a 64.600 puestos y las exportaciones de US$ 3.000 a US$ 4.340 millones.

Tres ejes para destrabar la expansión

El informe propone actuar sobre tres frentes. En marco regulatorio, la idea es pasar de un modelo de “autorización discrecional” a uno de “gestión de impacto”, inspirado en Nueva Zelanda: notificar y cumplir en lugar de pedir y esperar, con zonas clasificadas en verde, amarillo o rojo según el riesgo, plazos vinculantes y una ventanilla única digital.

En logística, infraestructura y energía, el objetivo es reducir costos que hoy dejan a Uruguay en desventaja frente a la región —Brasil, por ejemplo, habilitó bitrenes hace apenas quince días—. 

La propuesta incluye ampliar los corredores para bitrenes y tritrenes, algo que podría bajar hasta 15% el costo del transporte, y conectar directamente el ferrocarril del norte y noreste del país con el puerto de Montevideo, como ya ocurre con UPM 2.

El tercer eje, desarrollo industrial y mercados, apunta a que la oferta creciente de madera encuentre demanda: nuevas industrias, más construcción con madera y un posicionamiento internacional bajo el nombre “Uruguay Forestal 2040”.

Lo que respondieron las autoridades

El cierre fue un panel con Gastón Martínez, director general Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Isabella Antonaccio, directora Nacional de Inversiones del MEF; Oscar Caputi, subsecretario del Ministerio de Ambiente; y Álvaro Molinari, directivo de la SPF.

Martínez contó que la Dirección General Forestal avanza en digitalizar los 6.000 padrones forestales del país, un paso previo a la ventanilla única, y que ese trabajo deberá coordinarse con las 19 intendencias y con los ministerios de Industria, Ambiente y Trabajo. 

Antonaccio, por su parte, situó el problema en la competitividad: recordó que las megainversiones de celulosa que no eligieron Uruguay se fueron por costos, y explicó que el capítulo sobre silencio positivo ya tiene media sanción en el Parlamento, aunque logística y energía quedaron fuera de esa ley por tratarse de temas más amplios, en los cuales el MEF está trabajando para avanzar. 

También aclaró un límite constitucional: el gobierno no puede modificar normativa municipal, solo coordinar con el Congreso de Intendentes.

Caputi habló del decreto 179, discutido con la SPF durante más de un año, que fija los ciclos forestales para las autorizaciones ambientales y define criterios de compensación. Según sus datos, más del 80% de las solicitudes hoy corresponden a refoestación en suelos ya plantados, y los trámites de predios de categoría A se resuelven en menos de un mes. 

Molinari cerró con una advertencia: si el 80% del crecimiento es reforestación y no área nueva, hay obstáculos concretos frenando la expansión, y las grandes inversiones ya empezaron a mirar hacia Paraguay, Brasil y Argentina.

La frase que Basso había usado para abrir el encuentro fue lo que resonó al cierre: el futuro del sector, dijo, “no simplemente sucede; se construye a partir de las decisiones que tomamos hoy”.