El debate más trascendental sobre la regulación de los servicios públicos en Estados Unidos no gira hoy en torno a las energías renovables, la transmisión de energía ni la reactivación de las centrales nucleares. La discusión pasa por la asignación de costos y, en concreto, por quién debe pagar la enorme inversión en la red eléctrica necesaria para abastecer a los centros de datos, si las empresas que los construyen o los hogares ubicados dentro de la misma zona de servicio.

Un análisis estima que la demanda de los centros de datos provocó un aumento de unos US$ 23.000 millones en las facturas de electricidad de los consumidores. En las regiones donde la capacidad es más limitada, los precios mayoristas de la energía subieron con fuerza y los costos de modernizar la red de transmisión se trasladaron a los usuarios. En varios mercados, ese impacto también se extendió a las tarifas residenciales y alcanzó tal magnitud que el precio de la electricidad pasó a ocupar un lugar central en la discusión política.

Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece a simple vista. Estas instalaciones no son simples parásitos de la red eléctrica. Para las empresas del sector, representan clientes grandes, solventes y muy previsibles, con niveles de consumo estables. Ese perfil los acerca, en muchos aspectos, al tipo de cliente ideal para una compañía eléctrica.

En algunas regiones, la llegada de estas instalaciones permitió distribuir los costos fijos sobre un mayor consumo de kilovatios-hora y, de hecho, redujo las tarifas. Investigaciones académicas recientes revelaron que, a nivel nacional, su expansión entre 2015 y 2024 provocó una leve baja en el precio promedio de la electricidad, porque las empresas de servicios públicos pudieron repartir los costos fijos de generación, transmisión y distribución sobre una base de ventas más amplia. 

Sin embargo, esta dinámica cambia cuando la demanda supera la capacidad disponible. En ese punto, las compañías deben invertir en nueva infraestructura, los precios mayoristas suben y una mayor parte de esos costos recae sobre todos los usuarios del sistema. Los análisis del Congreso de Estados Unidos sobre el sector señalan que el consumo de los centros de datos ya representa una parte importante del consumo nacional de electricidad y se prevé que aumente aún más.

Por lo tanto, el resultado depende casi por completo del diseño regulatorio, y por eso las reglas que definen quién paga se convirtieron en el principal campo de batalla. Varios estados ya avanzaron con estructuras tarifarias especiales para grandes consumidores, con el objetivo de que los centros de datos de IA asuman una mayor parte de los costos de infraestructura que generan. 

Virginia, donde estas instalaciones concentran la mayor demanda de electricidad del país, reforzó recientemente las normas que obligan a muchos proyectos nuevos a pagar por infraestructura de transmisión exclusiva. Georgia adoptó tarifas que exigen a los grandes consumidores compromisos financieros a largo plazo y el pago de determinados costos de modernización de la red, mientras que Colorado analiza medidas similares a través de Xcel Energy. 

En general, estas reglas obligan a los grandes operadores de centros de datos a cubrir los costos de interconexión, garantizar niveles mínimos de consumo o depositar garantías si los proyectos se cancelan. Otros estados todavía no aplicaron protecciones similares, por lo que una mayor parte de esos costos recae sobre el conjunto de los usuarios.

Para los inversores, esto abre una serie de riesgos que el mercado no valora de la misma manera. Durante mucho tiempo, las empresas de servicios públicos reguladas en zonas con una fuerte expansión de centros de datos parecieron una apuesta de crecimiento relativamente sencilla. La lógica tiene sustento hasta cierto punto. Sus ganancias dependen, en buena medida, del capital que invierten en infraestructura y que luego aprueban los reguladores. 

Por eso, una década de demanda estancada también limitó sus posibilidades de expansión. Ahora, la necesidad de sumar generación, transmisión y distribución cambió ese escenario, ya que estas compañías reciben una rentabilidad regulada sobre las nuevas inversiones. Para el sector, eso supone una fuente de ganancias más sólida y duradera que la que tuvo durante años.

Si una empresa de servicios públicos obtiene una rentabilidad elevada sobre el capital destinado a estas instalaciones mientras las facturas residenciales suben un 20%, el problema deja de ser técnico y pasa al terreno político. Esa presión puede recaer sobre la rentabilidad del capital (ROE), una de las principales fuentes de ingresos del sector. No es casualidad que los estados con mayor expansión de esta industria sean también aquellos en los que la disputa por las tarifas avanzó más.

Los productores independientes de energía y los generadores comerciales representan la versión más directa de esta misma lógica. Venden electricidad en mercados mayoristas, se benefician de las subas de precios y no están sujetos a límites de rentabilidad regulados ni deben responder ante los usuarios residenciales por el aumento de las tarifas. Pero tampoco cuentan con protección cuando los precios bajan. Ese escenario puede darse si la inversión en infraestructura pierde ritmo o si la nueva capacidad de generación entra al sistema antes de que la demanda la necesite.

El sector nuclear fue uno de los temas que más atención recibió y también merece el mayor escepticismo. Los acuerdos de compra de energía a largo plazo entre las grandes empresas de energías renovables y las centrales nucleares existentes son reales, tienen un peso económico significativo y cambiaron las perspectivas de los operadores que durante años enfrentaron el riesgo de cierre. Sin embargo, las reactivaciones y las nuevas construcciones exigen plazos que pueden alcanzar una década, mientras que los sobrecostos fueron históricamente la norma y no la excepción. Aun así, los contratos que se firman hoy se valoran como si esos megavatios estuvieran disponibles el año próximo.

Después aparece la cuestión de la demanda, que la mayoría de estas tesis deja en segundo plano. Cada proyección del consumo energético de los centros de datos extrapola los planes de construcción actuales. Esos proyectos presuponen ingresos provenientes de la IA que todavía no alcanzaron la escala necesaria y dependen cada vez más del financiamiento mediante deuda. Si el crecimiento del gasto de capital se modera, aunque no se detenga, las previsiones de carga que justifican una década de inversiones de las empresas de servicios públicos deberán revisarse. En ese escenario, las compañías que construyeron centrales de generación bajo contratos con contrapartes que ya no las necesitan podrían quedar con activos varados dentro de una base tarifaria cuyos costos los reguladores podrían negarse a reconocer.

El gas natural merece una mención aparte porque aparece como la respuesta más concreta a buena parte de la demanda de corto plazo, más allá de lo que sostengan los comunicados de prensa sobre energía limpia y estable. Las turbinas de gas pueden construirse en dos o tres años, en vez de diez, y el combustible abunda en Estados Unidos. Además, los fabricantes acumulan pedidos suficientes para asegurar varios años de actividad. 

Aunque esta alternativa resulta menos atractiva que la de los pequeños reactores modulares, tiene muchas más probabilidades de convertirse en la opción que finalmente se construya. Las carteras de pedidos de las pocas compañías que fabrican turbinas de alta potencia permiten conocer, casi en tiempo real, las expectativas de las empresas de servicios públicos con mayor precisión que cualquier pronóstico de demanda publicado.

La postura más defendible probablemente también sea la menos atractiva. Consiste en invertir en los segmentos de la cadena de infraestructura energética que se benefician del gasto en la red, sin depender de una tecnología ni de un cliente específico. Entre ellos aparecen los equipos de transmisión, los componentes eléctricos, el almacenamiento a gran escala, la ingeniería y la construcción. Estas empresas ganan dinero a medida que avanza el desarrollo del sistema y no necesitan que una previsión puntual de la demanda se cumpla para sostener su negocio.d

Es una apuesta menos llamativa que comprar acciones de una empresa nuclear a partir de titulares vinculados a grandes proveedores de servicios en la nube. Pero también depende menos de que los ingresos por IA alcancen las cifras previstas, una de las principales premisas sobre las que hoy se basan muchas carteras de inversión.

*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com.