Julio de Brun presidió el Banco Central del Uruguay entre 2002 y 2005, cuando le tocó reestructurar el sistema financiero y participar del exitoso canje de deuda soberana de 2003, en plena salida de la peor crisis económica de las últimas décadas. Fue director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y presidió la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). 

Hoy, como asesor de BECA Advisors desde hace 12 años y socio de FIRST Corporate Finance Advisors, sigue de cerca la política económica con la misma mirada técnica de siempre. La entrevista con Forbes Uruguay llega con el Comité de Política Monetaria (Copom) manteniendo la tasa de interés en 5,75% por tercera reunión consecutiva y una inflación que bajó del escalón poscrisis, aunque con una meta que todavía no llega a los niveles de otras economías de referencia.

¿Cómo ves el manejo de la política monetaria hoy? Hay quienes dicen que están dadas las condiciones para ir por una inflación más estándar, del 3%, por ejemplo.

Ese es el aspecto más positivo de la situación actual, tanto a nivel político como en la opinión pública. Hoy está valorado en todo el espectro político no solo tener una inflación de un dígito, sino que cuando hay una meta (hoy 4,5%), está para cumplirse. Ya no es algo aleatorio, como era antes de 2020. 

En la administración anterior se logró poner la inflación dentro del rango (3%-6%); en esta ya se entró decididamente a sostenerla ahí. Eso confirma la estrategia de un gobierno de signo distinto y es muy bueno, muestra que, más allá del cambio de gobierno, hay cosas que permanecen. 

¿Qué implicancias tendría para Uruguay y la región que los países vecinos converjan hacia una meta de inflación en torno al 3%? 

El planteo de ir hacia una inflación del 3% me parece positivo, no solo para que se acerque a estándares internacionales, sino porque es también el objetivo del Banco Central de Brasil. Si mañana Argentina se moviera en esa línea, sin alharaca, estaríamos logrando algo que hace veintipico de años se planteaba con bombos y platillos y nunca se cumplía: armonización macroeconómica regional. Cuando los países convergen hacia una misma meta, eso genera mayor estabilidad en precios relativos, política monetaria y tipo de cambio. 

En la administración pasada hubo un amague para que el Banco Central lograra su autonomía efectiva. ¿El mandato escalonado alcanza para garantizarla? 

Es condición necesaria, no suficiente. La introducción del Comité de Coordinación Macroeconómica (con la participación del MEF) en la última Carta Orgánica le restó autonomía en lo que hace a su cometido específico, la inflación. Eso habría que removerlo. Hay, además, un trasfondo: siendo Uruguay una economía pequeña y abierta, con dominancia del dólar, los logros permanentes en política monetaria son difíciles de sostener sin un respaldo claro de la política fiscal. 

¿Ahí la institucionalidad fiscal uruguaya tiene carencias? 

Sí. Se introdujo la regla fiscal, que es positiva, pero sobre todo porque existe un organismo de referencia independiente —el Comité Fiscal Asesor—, no porque exista una restricción como tal. En el gobierno anterior hubo desvíos y este directamente flexibilizó la regla en materia de endeudamiento, llevándolo a un nivel que considero peligroso. Mientras exista esa incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal de largo plazo, va a haber siempre una duda sobre cuán duradero es el régimen monetario que uno establezca. 

También está en debate la fuerte incidencia del dólar en una economía bimonetaria. Hay planteos, como el del sector inmobiliario, que le piden al Banco Central fijar la moneda local para las transacciones. ¿Cómo ves esa discusión sobre imponer denominaciones de precios en moneda nacional? 

Imponer restricciones me parece una mala idea. Es mejor que esas prácticas las adopte el público como fruto de la confianza en esa moneda. Es claro que el sector inmobiliario es donde se pueden lograr mayores avances en desdolarización. Lo habitual del consumo —salarios, pasividades— se recibe y paga en pesos; ese círculo ya está cubierto. Lo que uno ahorra para viajar o renovar bienes durables está en moneda extranjera, así que ahí el dólar es cobertura natural. 

Donde sí hay margen es en la vivienda, aunque los instrumentos hipotecarios llegan, con suerte, al decil superior de ingresos. Es casi un nicho: el desfasaje entre costos de construcción e ingresos dejó la vivienda fuera del alcance de la clase media. Sin cambios en ese mercado, va a haber desarrollo limitado de ahorro en pesos. 

Hay cierto consenso, incluso dentro del propio gobierno, sobre la magra tasa de crecimiento de la economía en las últimas dos décadas, que ni siquiera llega al potencial en el último tiempo. ¿Dónde está el problema?

 No sé si el potencial no es, en realidad, lo que estamos viviendo. Lo que muestran los últimos 10 o 15 años es que cualquier estimación por encima del 1,5% anual es optimista, porque Uruguay no tiene fuentes de crecimiento como para ir más allá de eso. Se insiste con que debería invertir más, pero es un país de estructura liviana. 

Desde los 90 la economía se volcó a los servicios, y la infraestructura pesada está limitada a ciertos sectores, con inversiones puntuales. Ya tiene una red vial densa; podría haber algo más en puertos o forestación, pero no es un país donde uno espere grandes inversiones en infraestructura. Las que hacen las empresas son, en general, relativamente pequeñas, porque el ratio entre capital físico y ventas es bajo en la mayoría de las actividades predominantes. 

¿Entonces el techo pasa por otro lado? 

Pasa por el capital humano. Con el funcionamiento actual del sistema educativo, el país está condenado a quedar cada vez más rezagado respecto a las tendencias internacionales de productividad. Ahí está la principal restricción de oferta y esto no lo va a cambiar ni este gobierno ni el próximo: sería un cambio de toda una generación. 

Algo así sucedió en Asia… 

El milagro económico asiático de hace 60 o 70 años no fue tal. Se trató de una gran reforma educativa que lanzó millones de personas mejor capacitadas al mercado laboral y permitió incrementos de productividad sostenidos, sin presionar el tipo de cambio.

 ¿Qué pasa en Uruguay? 

Uruguay no tiene eso. Países como Chile tienen 70% de su mano de obra con secundaria completa; acá apenas se llega al 50%. Con esa carencia, es muy difícil crecer en un mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial van a ser los temas dominantes. Lo que hoy tenemos como sistema educativo funcionaba para la tecnología de los años 80, no para ahora. 

Ese bajo crecimiento es uno de los temas que puede tensionar la sostenibilidad de la deuda pública. ¿Cómo ves esa trayectoria? 

Hay dos problemas. Uno es que el crecimiento potencial bajo impide un crecimiento importante del gasto público. El otro es que genera una dualidad cada vez más profunda en la sociedad, un grupo es responsable del crecimiento que haya y otro queda desplazado, cada vez más dependiente de transferencias del Estado, lo cual también presiona el gasto. A eso se suma una tendencia demográfica con cada vez más presencia de adultos mayores. Revisar las causas de este crecimiento tan bajo, más allá de la filosofía de cada gobierno, ya es un imperativo para darle viabilidad al país en lo que queda de este siglo. 

¿Cómo ves el proyecto de competitividad que presentó el Ministerio de Economía y que hoy se trata en el Senado, con artículos que apuntan a reducir la burocracia y facilitar el comercio exterior? ¿Puede dinamizar la inversión? 

No sé si va a dinamizar tanto la inversión, pero ciertamente va a aliviar costos. Es más importante de lo que incluso el propio gobierno lo ha presentado. No es la panacea, pero en algunos sectores puede representar cambios importantes, sobre todo porque pone muchos temas sobre la mesa. 

¿Cómo se vincula esta medida con las tendencias internacionales en materia de regulación y competencia? 

Se adapta a lo que pasa en el mundo moderno, donde los intermediarios van desapareciendo. Con más acceso a tecnología y aplicaciones que resuelven trámites directamente, esos intermediarios —funcionarios o agentes privados que ayudaban a cumplir regulaciones, como un despachante de aduana— dejan de ser necesarios. Terminó funcionando como traba a la competencia, tanto en el Estado como en el sector privado. Que el gobierno haya querido sacudir eso es positivo. Falta ver qué pasa en el trámite parlamentario. 

¿Qué nota le ponés a la gestión del ministro, dentro de lo que esperabas y de las restricciones de economía política que podía tener para hacer alguna reforma? 

Me parece una falta de respeto poner nota; no soy quien para hacerlo. Esta administración rebajó expectativas cuando planteó que su mandato no era hacer reformas en el Estado, dejando de lado que un gobierno no gestiona solo para quienes lo votan, sino en función del bienestar general. Con esa expectativa baja sobre la propia gestión, los logros terminan siendo acordes. 

¿Podés dar algún ejemplo puntual? 

¿Cuál fue el mejor logro de 2025? Aprobar una ley de Presupuesto. ¿Y el de 2026? Quizás la Rendición de Cuentas, algo que antes se daba por hecho. Y si sale el proyecto de competitividad, el gobierno también se metió en agua de borrajas con el Diálogo Social; hay que ver cómo escapa de ese nudo sin comprometer más las finanzas públicas ni generar un problema institucional al querer modificar los fondos previsionales, con la repercusión que eso tendría en la visión desde el exterior. 

No soy quien para juzgar la gestión del ministro. Creo que tiene capacidades y que en su trayectoria privada construyó una visión clara sobre los problemas del país. Si se autolimitó por pertenecer a un partido o a una agenda de gobierno, tomémoslo como parte de las restricciones que tiene la gestión en este período.

Fotos: Diego Olivera

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de Forbes Uruguay de Agosto de 2026. Para suscribirte y recibirla bimestralmente en tu casa, clic acá.