No es la primera vez que una compra o licitación millonaria del Estado termina envuelta en una fuerte polémica o controversia política. La compra de dos patrullas oceánicas (OPV) por unos US$ 92 millones al astillero español Cardama no fue la excepción.
Luego del anuncio que realizó el Poder Ejecutivo de Yamandú Orsi de iniciar el proceso de recesión del contrato —tras constatarse "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado" por irregularidades en una garantía de fiel cumplimiento por unos US$ 4,5 millones— se desató una tormenta que sigue en plena ebullición.
El tema ha dominado la agenda mediática de los últimos días, incluso con la participación del expresidente Luis Lacalle Pou, quien estuvo al frente del gobierno cuando se firmó el contrato de compra con Cardama hace casi dos años atrás.
A continuación, una serie (resumida) de 10 mojones que pautaron una compra por parte del Estado, que encontró más de un obstáculo y distintos ribetes por el camino.
1. El arranque
El gobierno de Lacalle Pou anunció en diciembre de 2021 un proceso licitatorio para la compra de dos patrullas oceánicas (OPV) para barcos nuevos y/o usados. A esa instancia se presentaron empresas de China, Holanda y Francia.
2. La presión política externa
La propuesta técnica mejor calificada del llamado fue la china. Esto no cayó bien en Estados Unidos, que a principios de 2022 le hizo saber al gobierno su disconformidad por esa decisión. Luego de un período de cierta incertidumbre, el Ejecutivo anunció, en enero de 2023, que dejaba desierta la licitación porque los precios eran muy elevados (casi US$ 200 millones las dos patrullas). China expresó su descontento por esa determinación.
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3. La opción que no fue
En abril de 2023 aparece una opción como alternativa: dos buques que iba a descartar la Armada de Noruega. Sin embargo, esa opción debió descartarse porque los barcos excedían la profundidad para los muelles del puerto de Montevideo.
4. Llamado telefónico
Tras esos dos intentos frustrados para hacerse de las OPV, el gobierno decide contactar —vía telefónica— a distintos astilleros que podían construir patrulleras en base a una serie de requisitos básicos de infraestructura. En julio de 2023 se define adjudicar al astillero Cardama la construcción de 2 OPV por € 82 millones, la opción más económica. En diciembre de ese año se firma el contrato con la empresa española.
5. Una garantía que llevó tiempo
El plazo original para la presentación de garantías era de 45 días. Sin embargo, a Cardama se le hizo dificultoso encontrar instituciones que otorgaran ese tipo de avales, lo que determinó que el proceso se dilatara por 10 meses. En octubre de 2024 apareció la alternativa de EuroCommmerce LTD, aunque su aval fue por 1 año y no por los 4 años del contrato.
6. Ejecución y problemas
En setiembre de 2025, con Orsi al frente, caducó el plazo para la renovación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por US$ 4,5 millones que debía presentar Cardama y el Ejecutivo decide ejecutarla. Tras una visita del embajador en Londres a la sede de la empresa EuroCommerce se constata que en su dirección funciona una inmobiliaria, y que es una empresa de papel a nombre de un ciudadano ruso. En octubre el gobierno comunicó su decisión de rescindir contrato por sospecha de "fraude" contra el Estado.
7. Denuncia ante la Justicia
El Poder Ejecutivo presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal contra Cardama por la irregularidad constatada en la garantía de fiel cumplimiento en su contrato de más de US$ 92 millones con el Estado uruguayo. Además, también anunció su intención de iniciar una demanda civil contra el astillero español.
8. Cardama se defiende
El astillero español emitió un comunicado donde aseguró que no incumplió con su contrato, se mostró sorprendido por la decisión del gobierno y ofreció sustituir la garantía de EuroCommerce por una nueva. Integrantes de la oposición política advirtieron por la posibilidad de que se inicie un juicio millonario contra el Estado.
9. Un avance más lento de lo previsto
Si bien en un principio trascendió que el avance de la construcción de la primera patrulla era del 60%, luego se conoció un informe de la Armada que sitúa en un 20% el avance del cronograma inicial. El gobierno ya desembolsó unos US$ 30 millones para la construcción de esas OPV.
10. Gobierno abre la puerta
Luego de indicios de que el gobierno estaba decidido a rescindir el contrato con Cardama, en las últimas horas, tanto el presidente Orsi como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, transmitieron públicamente que si aparecía un nuevo aval como garantía el contrato del Estado con Cardama podía seguir adelante. "Si consiguen otra garantía, veremos", dijo el presidente en rueda de prensa este martes. "Si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa", había declarado previamente Oddone.
* Foto principal: Página web Cardama.
