Después de más de 25 años de negociaciones, este viernes 1° de mayo comienza a aplicarse de manera provisional el pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. La puesta en marcha es parcial —circunscripta al componente estrictamente comercial— y está condicionada por trabas políticas y jurídicas en ambos bloques: en Europa, el Parlamento europeo pausó su ratificación a la espera de un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, mientras que en el Mercosur aún resta definir la distribución interna de las cuotas entre los países miembros. Aun así, para el sector exportador argentino, la fecha tiene un peso simbólico y práctico que pocos quieren subestimar.

“Lo que tenemos por delante es la concreción de un proyecto que da forma al área de libre comercio más grande del mundo: 31 países, más de 700 millones de consumidores y cerca del 35 % del comercio internacional”, explican desde la Delegación de la UE en Argentina. Y agregan: “La aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino (iTA) significa que, a partir de ese día, empresas, productores y consumidores de ambos lados del Atlántico empiezan a beneficiarse de manera concreta: caen aranceles desde el primer día sobre un universo muy amplio de productos, se abren cuotas históricas, se reconocen indicaciones geográficas de las dos partes y se establecen reglas claras y predecibles para el comercio y la inversión”.

En ese contexto, el primer llamado a la cautela lo hace Marcelo Elizondo, uno de los más reconocidos especialistas en comercio exterior de la Argentina. “Empieza un proceso. El cambio no es inmediato y ni siquiera creo que los efectos se van a ver de manera veloz. Estos procesos, según la historia indica, van cambiando lentamente el modo de vinculación de las economías en el mundo”, advierte.

Elizondo recuerda que en este momento hay 381 acuerdos de libre comercio vigentes, según la Organización Mundial de Comercio. "Los acuerdos que integran más del total de los intercambios comerciales en el mundo han ido evolucionando en cada caso, en procesos de integración gradual y paulatina de las economías", señala.

Lo que arranca el 1° de mayo es concreto pero acotado: la reducción progresiva de aranceles, producto por producto, según cronogramas acordados. "En la Unión Europea bajan los aranceles más rápido, nosotros nos tomamos más tiempo y lo hacemos un poco más lento", explica Elizondo. "Lo más importante es que el pacto va a ir alentando la alianza entre empresas, la eventual inversión de empresas europeas en el Mercosur, y una integración que va a ir generando incluso mejora en los estándares de calidad de la producción argentina".

Qué baja —y cuándo

La arquitectura arancelaria del acuerdo es asimétrica en favor del Mercosur, al menos en los ritmos. Según datos de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el 95% de las posiciones arancelarias de la UE y el 91% de las del Mercosur quedarán liberalizadas en un plazo de hasta 15 años. Pero los tiempos son distintos: el 54% de las concesiones europeas tienen desgravación inmediata, mientras que en el caso del Mercosur solo el 11% es de aplicación inmediata, y el grueso de la liberalización se completa recién a los 10 años.

Christian Fuciños, socio líder de Global Trade Advisory de Deloitte, detalla qué productos argentinos se benefician desde el inicio y cuáles deberán esperar. “Muchos de los productos que Argentina exporta a países de la Unión Europea, como harina, porotos y pellets de soja, maní sin procesar o minerales de cobre o hierro, ya estaban beneficiados con un arancel de importación del 0%”, señala. 

La novedad concreta está en otros rubros: "Los jugos cítricos pasan a tener un arancel 0%, así como los productos de la industria pesquera —pescados, camarones y langostinos— que antes tenían un arancel del 20%." En el caso de la carne bovina, se reduce el arancel aplicable y se amplía la cuota Hilton, aunque —aclara Fuciños— esa cuota deberá distribuirse entre todos los países del Mercosur. La industria autopartista también recibe beneficios, pero con un esquema de desgravación que va de los 4 a los 10 años, y el biodiesel argentino tendrá una desgravación escalonada a lo largo de una década.

Horacio Pereira, investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, coincide en que la apertura es relevante pero selectiva: "Los productos más sensibles —como carne bovina, azúcar, etanol o arroz— no tienen libre acceso pleno: quedan sujetos a cuotas con arancel preferencial o a cronogramas de desgravación más largos".

Mientras tanto, la Delegación de la UE en Argentina, destaca tres sectores que se beneficiarán pronto. “Primero, el complejo agroindustrial y de carnes. La Argentina recibe acceso a la cuota de carne vacuna más grande jamás otorgada por la UE —99.000 toneladas a repartir en el Mercosur, con arancel reducido—, además de la eliminación del 20 % vigente para la cuota Hilton. Segundo, la pesca. Productos clave como langostinos, calamares y merluza, que hoy enfrentan aranceles de entre 8 % y 15 %, pasan a 0 % desde la entrada en vigor. Tercero, las economías regionales y el sector vitivinícola. Frutas frescas y cítricos —limones, naranjas, peras, arándanos — que pagaban hasta 17 % entran con preferencias importantes”, señalan.

Las reglas de origen: un requisito central

Uno de los aspectos técnicos que más deberán atender las empresas exportadoras son las llamadas reglas de origen: los criterios que determinan si un producto puede considerarse “originario del Mercosur” y, por tanto, gozar de los beneficios arancelarios.

Fuciños explica que "las reglas de origen se negociaron en forma específica para cada capítulo de la nomenclatura, de forma de favorecer a los sectores productivos de cada Estado Parte. En términos generales, la regla establece que cuando el producto no es totalmente obtenido en un Estado Parte, las partes originarias de otros estados deben haber sufrido una transformación sustancial que permita hablar de un nuevo producto".

Al respecto, Gabriel Gamarra, director de Impuestos y Legales de KPMG Argentina, destaca la importancia de la Acumulación Bilateral de Origen: “El Acuerdo prevé la posibilidad de aplicar este mecanismo. Los productos originarios de la Unión Europea serán considerados como materiales originarios del Mercosur cuando se incorporen a un producto obtenido en este último, siempre que hayan sido objeto de una efectiva transformación. Lo mismo sucede a la inversa: productos del Mercosur se considerarán materiales originarios de la UE bajo las mismas condiciones”.

Pereira agrega que el acuerdo permite acumular origen entre los países del Mercosur y también con la Unión Europea: “Eso es una flexibilidad importante para armar cadenas de valor compartidas. En la práctica, cada empresa tiene que ir al anexo de su producto”.

El gran desafío que va más allá de los aranceles

El arancel cero es la parte visible del acuerdo, pero hay una dimensión que los especialistas consideran tan o más relevante: el marco normativo que la UE impone unilateralmente a sus socios comerciales y que va mucho más allá de lo pactado en el texto del tratado.

Elizondo lo sintetiza con claridad: "Europa es un mercado exigente, es la región del mundo con mayor nivel de exigencias no arancelarias de tipo técnico, de modo que para entrar en Europa hay que cumplir estándares. Ahora, resulta que esos requisitos ya hoy hay que cumplirlos. Por lo tanto, no es que aparezcan requisitos nuevos". 

Para Gamarra, de KPMG, esta convergencia regulatoria representa una oportunidad estratégica para elevar la calidad institucional del país: “Contar con reglas claras y previsibles constituye un valor fundamental. La convergencia regulatoria puede convertirse en un factor de mejora de la calidad institucional, al promover mayor transparencia, coherencia normativa y estabilidad en las políticas públicas. Estos elementos son indispensables para generar confianza, atraer inversiones productivas y profundizar la inserción de la economía argentina en el escenario internacional”.

Entre esas exigencias se destacan tres: el Reglamento de Deforestación (EUDR), que exige demostrar que los productos no provienen de tierras deforestadas después de 2020; el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM), que aplica a industrias de alta emisión; y las regulaciones ILUC (impacto indirecto en el uso de la tierra), vinculadas principalmente a los biocombustibles. 

Fuciños señala que en la negociación no se logró acordar condiciones más favorables para el Mercosur en estos puntos. Y advierte sobre un impacto sectorial específico: "Esto impacta en forma directa a la agroindustria en Argentina, en especial a la soja y sus derivados, como el aceite, la harina y el biodiesel, para el que el mercado europeo representa el 97% de su demanda".

CERA, por su parte, alerta sobre otro mecanismo de defensa europeo: una salvaguardia bilateral de activación rápida que permite al bloque abrir una investigación y aplicar medidas provisorias en apenas 21 días si el crecimiento de las importaciones de productos sensibles supera el 5% respecto al promedio de los últimos tres años, o si los precios de importación caen más de un 5% por debajo de los precios europeos. "Un mercado se puede cerrar en 20 días", advirtió Fernando Landa, presidente de CERA, durante una presentación realizada hace un par de semanas en Buenos Aires.

Las oportunidades que ve el sector privado

Pese a las complejidades, el diagnóstico de Elizondo sobre el potencial del acuerdo es positivo. "La Unión Europea, que genera más del 15% del comercio global total, está abriéndose, bajando aranceles para posibles exportaciones argentinas en rubros en los que creo que va a haber muchísima posibilidad de ingreso: alimentos elaborados, minerales, energía, productos manufacturados y servicios", enumera. 

Desde KPMG, Gamarra coincide en que el sector privado tiene capacidad para este “shock” de competitividad, aunque advierte sobre los tiempos: “El verdadero desafío no está en la aptitud del sector, sino en los tiempos de adaptación que exige un cambio de esta magnitud. El aprovechamiento efectivo debería demandar un proceso ordenado. Será fundamental que los actores conozcan en profundidad el acuerdo, algo que tomará tiempo, especialmente considerando que la notificación de su aplicación provisional fue publicada recién el 15 de abril de 2026. Es esperable que muchos actores opten por observar las primeras experiencias y resultados de quienes se anticipen”.

Asimismo, Gamarra introduce un elemento clave que suele quedar en segundo plano: la facilitación del comercio. Según explica, el acuerdo prevé programas para “operadores económicos autorizados” que cumplan ciertos criterios, otorgándoles ventajas como “menos requisitos en materia de documentación, bajo índice de inspecciones físicas, levante rápido y pago diferido de derechos e impuestos”.

En el sector vitivinícola, la expectativa es alta. Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina (WofA), lo resume así: "Es un paso fundamental para nivelar el campo de juego. Actualmente, nuestros vinos enfrentan aranceles en la UE que promedian los 9,9 y 13,1 euros por hectolitro, lo que nos deja en desventaja frente a competidores con acuerdos vigentes, como Chile o Sudáfrica". Pesce también advierte que la baja arancelaria debe ir acompañada de un trabajo más profundo: "La baja arancelaria debe ser el motor para resolver deudas internas de competitividad estructural".

No todos los sectores comparten ese optimismo. José Chediack, presidente de SolFrut, una de las principales empresas olivícolas del país, advierte que el acuerdo expone a ciertos productores argentinos a una competencia estructuralmente desigual. "No se trata de proteger ineficiencias, sino de evitar una competencia estructuralmente injusta", señala, en referencia directa al impacto que tendrá la entrada de aceite de oliva europeo —producido bajo un sistema de subsidios estatales que en regiones como Andalucía representa hasta el 30% del ingreso del productor—.

Chediack explica que Argentina es más eficiente que España en términos productivos (logrando hasta 1.800 kg de aceite por hectárea frente a los 500 kg de los olivares de secano españoles), pero los subsidios europeos distorsionan el mercado: "Esto produce un dumping indirecto, que es el problema de fondo. El aceite europeo se vende a precios que no reflejan su costo real de producción. En regiones como Andalucía, estos subsidios representan hasta el 30% del ingreso del productor; sin ese apoyo estatal, gran parte del olivar español no sería económicamente viable".
 

La mayor preocupación reside en la pérdida de mercados regionales. "Concretamente compromete la competencia en uno de los mercados más importantes para Argentina como es Brasil, donde se perdería el arancel del 10% que tienen para aceites desde Europa. Si el aceite europeo ingresa con menores aranceles, el precio de referencia del mercado brasileño cae y arrastra a toda la región", advierte. Para el empresario, el acuerdo tal como está redactado genera un "escenario de incertidumbre", ya que competir sin aranceles contra un producto subsidiado en origen "implica una pérdida directa de competitividad" que podría desalentar inversiones de largo plazo.

Los contratos firmados bajo el acuerdo, ¿qué pasa si algo sale mal?

Uno de los interrogantes que circula en el sector empresario es qué ocurriría si alguno de los países involucrados decidiera dar marcha atrás en el futuro. La respuesta de los especialistas es relativamente tranquilizadora.

Para Gamarra, hay una cuestión previa y urgente vinculada a la estructura jurídica del tratado: “Antes de considerar que un país decida abandonarlo, la pregunta es qué ocurriría si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite un dictamen determinando que el Acuerdo no resulta compatible con las normas de reparto de competencias entre la UE y sus Estados miembros. Si ese fuera el caso, las partes del contrato deberán aguardar lo que decida la Comunidad Económica Europea y los países que la integran respecto a lo resuelto por el TJUE”.

Por su parte, Elizondo sostiene que: "todos los contratos firmados hasta ese momento son considerados contratos hechos de buena fe y con la norma vigente y se respetan. De todas maneras, son muy pocos los antecedentes en el mundo de denuncias de acuerdos de libre comercio. Lo que puede haber en su momento son renegociaciones o replanteamientos".
 

Fuciños coincide desde el plano jurídico: "Durante su aplicación provisional, el acuerdo genera obligaciones jurídicas vinculantes para las partes. En consecuencia, un eventual incumplimiento podría acarrear responsabilidad internacional del Estado correspondiente, sin afectar, en principio, la validez ni los derechos adquiridos en contratos celebrados de buena fe bajo el marco del acuerdo vigente".

Pereira, por su parte, aporta una lectura más sistémica: "Los contratos firmados continúan vigentes según la ley que los rige, y no hay efecto retroactivo sobre operaciones ya ejecutadas. El punto clave es hacia adelante".

Un dato que suele pasarse por alto

Fuciños señala un beneficio del acuerdo que frecuentemente queda fuera del debate público: la eliminación progresiva de los derechos de exportación para el mercado europeo. “El Acuerdo Interino también prevé expresamente la eliminación de Derechos de Exportación, que para Argentina implica un esquema de desgravación, que —al tener aprobación parlamentaria— ya es ley de aplicación operativa, constituyendo un incentivo adicional para el desarrollo del mercado europeo”.

El acuerdo abre una puerta de enorme tamaño —un mercado de más de 700 millones de consumidores, con la UE aportando el 20% de la economía mundial y el 35% de la inversión extranjera directa global. Pero la puerta no se abre sola. Como resumió el presidente de CERA: "Nadie regala nada; no será un vuelco impresionante ni fácil".

Para finalizar, la Delegación de la UE en Argentina deja tres mensajes para los inversores de la región: “El primero, que la aplicación provisional no es un gesto simbólico: es un instrumento jurídicamente vinculante bajo derecho internacional, que entra en vigor el 1° de mayo y produce efectos inmediatos sobre aranceles, cuotas, indicaciones geográficas, reglas de origen, contratación pública y protección de inversiones. Quien invierta hoy lo hace bajo el paraguas de un acuerdo que ya está aplicándose. Segundo, los procesos institucionales pendientes —el examen del Tribunal de Justicia, la consulta al Parlamento Europeo, las ratificaciones nacionales del Acuerdo de Asociación más amplio— son parte del funcionamiento normal de una democracia supranacional como la UE. Una mayoría amplia en el Consejo, la firma formal en Asunción y la ratificación de los cuatro países del Mercosur muestran que el rumbo político es firme. Tercero, y quizás el más importante: este acuerdo es la respuesta estructural de dos bloques que comparten valores democráticos a un escenario internacional cada vez más volátil. Diversificar mercados, asegurar cadenas de suministro confiables, integrar economías complementarias, todo eso responde a intereses estratégicos que van mucho más allá de cualquier ciclo político. A los inversores que dudan, les diría que el verdadero riesgo, hoy, no está en apostar por esta integración: está en quedarse afuera”.