Los autos híbridos y eléctricos comenzarán a pagar el Impuesto Específico Interno (IMESI) a partir del 1° de enero de 2027. Así lo establece el Decreto 147/026, firmado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Economía e Industria, Gabriel Oddone y Fernanda Cardona respectivamente.

La nueva norma, firmada ayer 30 de junio, abarca a los vehículos de la Categoría F y los divide en tres franjas según su valor en aduana al momento de la importación. 

Los eléctricos que no superen los US$ 19.000 seguirán con tasa 0%. Si el valor de importación está entre los US$ 19.000 y los US$ 27.000, deberán pagar un 5% y si tienen un valor mayor, el porcentaje de tributación será de 9%. Para los híbridos, las tasas varían entre 2% y 34,50% según la cilindrada y la subcategoría.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó la medida horas después de conocerse el decreto. Según sus declaraciones, la recaudación estimada ronda los U$S 18 millones, que se destinarán a financiar el incremento de las transferencias a la primera infancia, una de las líneas centrales de la Rendición de Cuentas presentada esta semana en el Parlamento. 

Sánchez remarcó que más del 50% de los autos eléctricos seguirá con tasa cero y que la comparación con los vehículos a combustión sigue siendo favorable para la electromovilidad, ya que estos últimos pagan 23% en su franja más económica.

Según Cardona, el 75% de los vehículos eléctricos no quedan alcanzados por el decreto, ya que su valor de aduana es menor al establecido para el gravamen del impuesto. “Creo que para una primera revisión de lo que pasaba con la política en general de movilidad eléctrica, viendo cómo se va comportando interanualmente y el peso de los vehículos eléctricos del parque automotor -que es ínfimo, el 3% de 1.200.000 vehículos- estamos con una primera lectura interesante”, consideró en diálogo con la prensa.

Un proceso de diálogo que terminó en sorpresa

La respuesta del sector automotor no se hizo esperar. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que nuclea a 26 empresas representantes de 72 marcas, más del 90% de lo que se comercializa en el país, emitió un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por la forma en que se adoptó la decisión.

"Participamos de un proceso y estamos descontentos", señaló a Forbes Uruguay Ignacio Paz, gerente de ACAU. La asociación mantuvo reuniones de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde aportó información y experiencias de derecho comparado sobre esquemas tributarios aplicados en otros países a la movilidad eléctrica.

Según relató Paz, el propio Oddone encabezó los encuentros junto a un equipo de siete personas, entre subsecretario, directora general y directores de distintas áreas. "Lo valoramos muchísimo, creemos que es por ahí que va la cosa, consultar con los del ramo antes de regular", afirmó el gerente de ACAU.

De todas maneras, indicó que el compromiso asumido por las autoridades era mostrarle al sector el proyecto final antes de su firma para recabar una última opinión. Eso no ocurrió. "El último contacto fue el lunes. El decreto salió firmado el martes. Nos enteramos por la prensa, no nos avisaron nada", relató.

Tres pedidos 

Además del reclamo por el proceso, ACAU cuestionó el contenido de la medida. Paz detalló tres pedidos concretos que la asociación había formulado al ministerio y que, a su entender, no fueron considerados. 

El primero fue un plazo de entrada en vigencia más extenso. "Le pedíamos que el decreto entrara en vigencia al año, porque hoy ya tenemos pedidos de producción que no llegan a Uruguay en este año", explicó. Según Paz, algunos vehículos tienen tiempos de producción y flete que superan los 12 meses, por lo que unidades encargadas antes del anuncio podrían terminar pagando un impuesto que no existía al momento de iniciar el trámite de importación.

El segundo apuntaba a la base de cálculo del tributo. ACAU había solicitado que el impuesto no se aplicara sobre el valor CIF (costo, seguro y flete), dado que el componente de flete resultó extremadamente volátil en el último tiempo por el contexto de conflictos internacionales. "Eso puede provocar que el vehículo un día esté de un lado de la franja que graban o del otro", advirtió, en referencia al riesgo de que fluctuaciones en el costo de transporte muevan a un mismo modelo entre categorías con tasas distintas.

El tercer cuestionamiento tiene que ver con el criterio de "alta gama" que el gobierno utilizó para justificar la medida en sus primeras comunicaciones. Paz recordó que desde el inicio del proceso, las autoridades hablaban de gravar vehículos de alta gama. Sin embargo, la segunda franja del decreto empieza en un valor de aduana de US$ 19.000, equivalente a un precio de venta al público cercano a los US$ 29.000. "¿Alguien me puede decir que un vehículo de 29.000 dólares es alta gama? No, no es alta gama", cuestionó.

Consultado sobre los próximos pasos de la asociación, Paz fue categórico: "El muerto ya está en el cajón. Ya es un hecho consumado". El comunicado de ACAU cierra ofreciendo disposición para colaborar con las autoridades, aunque el gerente reconoció que ve "bastante poco probable" una marcha atrás del gobierno.

Sobre el trasfondo de la medida, Paz apuntó directamente al argumento fiscal. Recordó que, en las reuniones previas, el ministerio había negado que la medida tuviera un fin recaudatorio. Ese discurso cambió cuando se conoció el detalle de la Rendición de Cuentas. 

"Cuando vieron que iba a tener un gasto de US$ 31 millones, dijeron que lo iban a cubrir con el impuesto a los eléctricos. Ellos mismos te están diciendo que van a recaudar para cubrir el déficit", planteó.

El rol de la política energética

Por otro lado, para el gerente de ACAU el tema de fondo excede lo tributario y toca la política energética y ambiental del país. Mencionó los acuerdos multipartidarios de 2010 y compromisos internacionales como el Acuerdo de París y las sucesivas COP, en los que Uruguay se comprometió con metas de descarbonización. 

"No es que se va a dejar de vender eléctricos, pero claramente se va a desacelerar. Va a ser mucho más lenta la incorporación de la movilidad eléctrica", sostuvo.

Consultado sobre el efecto inmediato en el mercado, Paz anticipó un comportamiento que ya se observó en otras ocasiones en las que se anunciaron cambios impositivos con fecha de entrada en vigencia futura. Prevé una aceleración de las compras antes de que el impuesto empiece a regir. "Seguramente diciembre va a ser fuerte", cerró.