Hay una ley de 1941 que obliga a las carnicerías a cerrar los domingos. Nadie la cumple, pero sigue vigente. El ejemplo puede parecer anecdótico, pero ilustra con precisión el problema que el gobierno de Yamandú Orsi decidió atacar de frente: un Estado que acumula normas obsoletas, registros duplicados y trámites que encarecen la vida de los uruguayos sin agregar ningún valor real.

Este miércoles, los ministros Gabriel Oddone de Economía y Finanzas, Fernanda Cardona de Industria, Energía y Minería, Cristina Lustemberg de Salud Pública y Alfredo Fratti de Ganadería presentaron en Torre Ejecutiva el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Más de 240 artículos divididos en cuatro capítulos, construidos durante meses a partir de más de 40 reuniones con cámaras empresariales, sindicatos, academia y sociedad civil, y cerca de 150 propuestas recibidas. El proyecto ingresa al Parlamento la semana próxima.

“Se trata de una modesta pero importante reforma del Estado”, dijo Oddone. “La última vez que estuvo en la mesa fue en 1995. Después de eso no hubo iniciativas al respecto”, recordó.

Cuatro pilares, un diagnóstico

El proyecto no apunta a una sola palanca. Su lógica es atacar simultáneamente cuatro frentes que el gobierno identifica como inhibidores del crecimiento: la burocracia que encarece la operación de empresas y ciudadanos, las barreras al comercio exterior, la falta de competencia que sostiene precios altos, y la regulación que frena la inversión y la innovación.

“Tenemos que generar un entorno competitivo para las empresas uruguayas locales y las que exportan”, planteó Oddone. 

El ministro fue explícito sobre el momento elegido para la iniciativa: la macroeconomía está ordenada, la inflación converge a la meta, y eso crea las condiciones para ir ahora por los costos de gestión del sistema. “Muchas veces el sistema público pone sobre los contribuyentes un peso extraordinario”, reconoció.

Menos papeles, menos duplicaciones

El primer capítulo del proyecto apunta directamente a la burocracia. Una de las medidas más concretas es el Registro Único de Apoderados y Representantes: una empresa que registre sus representantes en un organismo no tendrá que volver a hacerlo en ningún otro. El Estado está obligado a usar esa información. Hoy no funciona así.

Se introduce también el concepto de silencio positivo: si la administración no responde en los plazos establecidos, la solicitud del contribuyente se toma como aprobada. Un cambio de paradigma para quienes conocen la experiencia cotidiana de esperar respuestas que nunca llegan.

Los registros sanitarios y técnicos pasan de 5 a 10 años de vigencia, equiparándose a lo que rige en Argentina y Brasil. La renovación se hará por declaración jurada, sin necesidad de presentar toda la documentación nuevamente, y se elimina la obligación de traducir documentos en inglés o portugués. Fratti lo resumió sin rodeos: “Desde las gremiales hace 30 años se reclama por la simplificación de trámites. Eso es menos papeles y menos formularios.”

Para el comercio exterior, el proyecto crea el autodespacho aduanero: las empresas calificadas podrán realizar sus propias declaraciones aduaneras con personal propio, sin la necesidad de contar con un despachante de aduana como se exige hoy. La Dirección Nacional de Aduanas pasará a operar exclusivamente con documentos electrónicos.

El precio de la pasta de dientes

Uno de los capítulos más visibles para el consumidor final apunta directamente a la estructura de precios. El proyecto habilita múltiples importadores para un mismo producto registrado, atacando una práctica habitual en Uruguay: la concentración del registro en un distribuidor exclusivo que, de hecho, opera como monopolio y fija precios sin competencia real. Así funciona hoy con muchos productos de higiene y medicamentos.

Además, los comercios deberán publicar el precio por unidad de medida equivalente —por kilo, por litro, por metro— junto al precio de venta, tanto en góndola como en canales digitales y publicidad. La medida aplica a supermercados, comercios de alimentos, higiene y artículos de uso doméstico.

Para que estas medidas tengan tracción real, el proyecto fortalece la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), que se convierte en un servicio descentralizado con mayor autonomía, presupuesto propio y capacidad de actuar de oficio —sin esperar denuncias— ante riesgos de concentración. También podrá separar las funciones de investigación y resolución, y tendrá mayores poderes para requerir información a las empresas.

Las mipymes en el centro

El 99% de las empresas uruguayas son mipymes. Concentran el 65% del empleo. Y sin embargo, el sistema tributario y regulatorio actual las penaliza cuando crecen: los saltos impositivos al pasar de un régimen a otro desincentivan la formalización y generan una trampa donde muchas prefieren mantenerse pequeñas antes que asumir el costo de escalar u operar parcialmente en la informalidad.

El proyecto introduce la graduación tributaria continua para eliminar esos escalones abruptos. También crea una plataforma unificada para trámites ante DGI y BPS —hoy duplicados— y un Sistema Integrado de Gestión gratuito para micro y pequeñas empresas que incluye facturación electrónica, cobranza, gestión de inventario y proveedores, con vinculación directa a la administración tributaria.

Fintech y finanzas abiertas

El capítulo de innovación e inversión incluye dos novedades que el ecosistema fintech venía reclamando. La primera son los sandboxes regulatorios: entornos controlados donde startups y proyectos de innovación financiera pueden operar con una regulación diferenciada, probando soluciones sin cargar con todos los requisitos del sistema financiero tradicional desde el día uno.

La segunda es el marco de finanzas abiertas: un sistema regulado por el BCU que permitirá a los usuarios compartir sus datos financieros con instituciones autorizadas, bajo su consentimiento. La propiedad de la información pasa a ser del cliente, no del banco. “Son una herramienta extraordinaria para la población joven y la alfabetización digital”, dijo Oddone.

El proyecto también amplía el alcance de los fondos de inversión cerrados —hoy concentrados casi exclusivamente en crédito hipotecario— y crea incentivos para plataformas de crowdfunding. Para los parques industriales se incorporan beneficios adicionales en montos y plazos de exoneración de IRAE.

Un proyecto que no nació en una oficina

Lustemberg planteó la tensión de fondo que atraviesa toda la iniciativa. “Existe una tensión natural entre agilidad y control. Esta tensión no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para generar mejores resultados. La buena regulación no es la que genera más pasos; es la que logra mejores resultados.”

El proceso que llevó al proyecto —más de 40 reuniones, participación del exministro chileno Nicolás Grau como asesor externo con apoyo del BID, consulta pública— buscó precisamente darle sustento a esa premisa. Algunas de las 150 propuestas recibidas no quedaron en la ley porque corresponden a decretos o a instancias que exceden el ámbito legislativo.

Oddone fue claro sobre lo que viene: “No es un proyecto cerrado. El Parlamento puede modificarlo. Pero este es un proyecto que mueve el equilibrio de la zona de confort de muchos agentes económicos.”

La apuesta tiene un límite explícito y una dirección clara. “Hay cosas por las cuales no vamos a cambiar, como competir por salarios bajos, por muchas razones. Pero sí podemos hacerle la vida más fácil a las empresas”, cerró el ministro.