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Foto: imagen creada con IA.

Demandan a OpenAI, Anthropic, Google y SpaceXAI por un supuesto acuerdo para frenar el desarrollo de la IA

Ignacio Alegre Irrazábal

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Cuatro suscriptores aseguran que los principales laboratorios acordaron avanzar más despacio y que eso pudo afectar la competencia entre sus servicios. Además, el expediente reconstruye contactos previos entre ejecutivos del sector.

23 Septiembre de 2026 09.28

OpenAI, Anthropic, Google y SpaceXAI fueron demandadas el pasado viernes 18 de septiembre ante un tribunal federal de California por cuatro clientes que las acusan de haber coordinado una desaceleración del desarrollo de la inteligencia artificial. Los demandantes sostienen que ese supuesto acuerdo entre competidores viola las leyes antimonopolio estadounidenses y perjudica a quienes pagan por utilizar sus servicios, ya que planean limitar la velocidad a la que mejoran sus productos.

El reclamo, presentado como Buist v. Anthropic PBC se centra en cómo ese supuesto acuerdo podría afectar a los usuarios pagos. Según la acusación, si los principales laboratorios reducen al mismo tiempo el ritmo de avance de sus modelos, los clientes podrían seguir pagando lo mismo por servicios que mejoran más lentamente, de acuerdo con AP.

La presentación sostiene que esa conducta podría violar la Sección 1 de la Ley Sherman, una norma que prohíbe determinados acuerdos entre competidores que restrinjan la competencia en Estados Unidos. Ese es uno de los principales argumentos legales en los que se apoya la demanda, según detalló Bloomberg Law.

El ensayo de Amodei y los contactos previos entre los laboratorios

Uno de los episodios centrales del caso ocurrió el 12 de septiembre, cuando Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó el ensayo titulado "We Must Pace the Frontier". Ahí propuso que las principales compañías del sector acordaran reducir el ritmo de desarrollo de los sistemas más avanzados para reforzar las medidas de seguridad.

Darío Amodei, cofundador de Anthropic. - Foto: Anthropic.
El planteo de Amodei puso en primer plano la tensión entre seguridad y velocidad en el desarrollo de la IA. (Foto: Anthropic)

El escrito judicial sostiene que la propuesta iba más allá de un mero llamado general. Entre otras medidas, Amodei planteó establecer límites comunes sobre la capacidad de cómputo utilizada para entrenar modelos, el tipo de entrenamiento que podía realizarse y el uso de la propia IA para desarrollar sistemas más avanzados. También propuso puntos de control sujetos a determinadas condiciones de seguridad y evaluadores externos que permitieran verificar su cumplimiento.

Ese mismo día, varios referentes de la industria respaldaron públicamente el planteo. Elon Musk, al frente del negocio de Grok de SpaceXAI, manifestó su apoyo, mientras que Sam Altman, CEO de OpenAI, también se mostró a favor. Demis Hassabis, cofundador de Google DeepMind, aseguró que la propuesta marcaba "el camino correcto a seguir", según la demanda.

La acusación sostiene, sin embargo, que las conversaciones entre algunas de las compañías habían empezado antes. El expediente judicial afirma que OpenAI, Anthropic y Google DeepMind llevaban varias semanas trabajando juntas y que representantes de las empresas participaban en un grupo que se reunía regularmente desde julio.

El 15 de septiembre, Chris Lehane, responsable de política global de OpenAI, confirmó que la compañía venía trabajando con Anthropic y Google DeepMind en estos temas desde antes de la publicación del ensayo de Amodei. Los demandantes utilizan esas conversaciones previas, junto con los respaldos públicos posteriores, como parte de los indicios con los que intentarán demostrar que hubo una coordinación entre competidores.

Juez firmando documentos en el escritorio con enfoque en el mazo, representando la ley y la justicia.
Los contactos previos entre los laboratorios aparecen entre los principales indicios citados por los demandantes. (Foto: Pexels)

La presentación suma otros antecedentes. El 10 de septiembre, OpenAI había consultado a miembros del Congreso estadounidense sobre si un acuerdo entre compañías para reducir el ritmo de desarrollo de la IA podía entrar en conflicto con las leyes antimonopolio. Un día después, Altman anticipó en una entrevista que esperaba que los principales ejecutivos del sector elaboraran un plan común, aunque evitó dar detalles sobre conversaciones privadas.

Amodei también reconoció en su ensayo que un entendimiento de ese tipo podía generar problemas legales. Planteó que el gobierno estadounidense podría facilitar las conversaciones y mencionó la necesidad de una excepción limitada a las normas de competencia para determinadas discusiones de seguridad. Según el expediente, esa excepción no había sido otorgada al momento de la presentación.

Dos días después de la publicación del ensayo, Altman sostuvo que la industria debía avanzar con más cautela y reducir el ritmo de desarrollo de la IA. También dijo que OpenAI no iba a esperar una nueva ley ni una excepción a las normas antimonopolio para empezar a trabajar con otras compañías en esa dirección. Los demandantes incorporaron esas declaraciones como parte de los indicios con los que buscan demostrar que las empresas actuaron de manera conjunta.

Indemnizaciones, demanda colectiva y juicio por jurado

Los cuatro usuarios que iniciaron el caso buscan representar a un grupo mucho más amplio. El pedido incluye a todas las personas de Estados Unidos que, desde el 12 de septiembre de 2026, hayan contratado directamente una suscripción paga individual con acceso premium a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini. La presentación también propone grupos separados para los clientes de cada compañía.

Ilustración que representa el crecimiento financiero con dinero, monedas y un gráfico en ascenso.
El reclamo busca extenderse a otros usuarios pagos de ChatGPT, Claude, Grok y Gemini en Estados Unidos. (Foto: Pexels)

El tribunal todavía deberá decidir si permite que el expediente avance como una demanda colectiva. Los abogados también se reservaron la posibilidad de modificar el período considerado si, durante el proceso, aparecieran pruebas de que los contactos entre las empresas habían comenzado antes del 12 de septiembre.

El reclamo tiene, además, un componente económico. Los demandantes piden una indemnización cuyo monto debería determinarse durante el juicio y solicitan que esos daños sean triplicados, como contempla la Ley Clayton para este tipo de reclamos antimonopolio. También buscan recuperar los costos y honorarios legales derivados del proceso.

La presentación aclara que no busca impedir que una compañía adopte por su cuenta medidas de seguridad, suspenda un desarrollo, contrate evaluadores externos o cumpla con normas impuestas por el gobierno. El cuestionamiento se centra en los acuerdos entre competidores que, según los demandantes, podrían limitar su capacidad de actuar de manera independiente.

Los usuarios también solicitaron que el caso se resuelva mediante un juicio por jurado. Hasta el momento, ninguna de las empresas había respondido públicamente a las consultas sobre la demanda y todavía no hubo una decisión judicial sobre el fondo de las acusaciones.

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