Uruguay consiguió lo que para muchos países todavía parece inalcanzable: desarrolló una red eléctrica que opera casi por completo con energías renovables y lo hizo a un costo que representa la mitad del que implican los combustibles fósiles. El físico que encabezó esa transformación asegura que esa misma estrategia puede aplicarse en cualquier parte, siempre que los gobiernos tengan el coraje de modificar las reglas.

Para Ramón Méndez Galain, la transición energética no pasa solo por el clima, sino también por la economía. Según explica, el cambio que impulsó Uruguay hacia las energías renovables demostró que la energía limpia puede ser más barata, más estable y generar más trabajo que los combustibles fósiles. Una vez que el país equilibró un terreno de juego que durante años benefició al petróleo y al gas, las energías renovables se impusieron en todos los frentes: redujeron los costos a la mitad, generaron 50.000 puestos de trabajo y blindaron la economía frente a las subas de precios.

"Si se implementan los incentivos adecuados, el mercado hará el resto. No se necesitan milagros, se necesitan reglas que tengan sentido económico", me dijo Méndez Galain. Lo entrevisté en la Cumbre de soluciones climáticas Mountain Towns 2030, en Breckenridge, Colorado, un encuentro que convoca a líderes locales y especialistas en sostenibilidad para analizar alternativas concretas frente a la crisis climática. Méndez Galain fue ministro de Energía de Uruguay entre 2008 y 2015.

Cuando Méndez Galain empezó a analizar el sistema energético uruguayo, el país enfrentaba un dilema habitual para una nación pequeña: una demanda eléctrica en fuerte crecimiento, casi nulos recursos propios de combustibles fósiles y una dependencia cada vez mayor del petróleo y el gas importados. La capacidad hidroeléctrica ya se encontraba al máximo, y los cortes de luz comenzaban a afectar tanto al sector industrial como a los hogares.

Uruguay es un país chico, pero con buenos niveles de desarrollo. Con una población de 3,5 millones de personas, su producto interno bruto ronda los US$ 80.000 millones y tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Su economía se apoya en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y un sector de servicios en crecimiento, más que en la industria pesada. Por eso, su apuesta por las energías renovables resulta aún más significativa: una economía mediana, orientada a la exportación, que prueba que la energía limpia puede ser más barata, estable y capaz de generar empleo, sin necesidad de una demanda industrial masiva.

A comienzos de la década de 2010, el gobierno uruguayo entendió que mantener la dependencia de los combustibles fósiles importados ya no era viable desde el punto de vista económico. Méndez Galain, un físico de partículas sin experiencia previa en el sector energético, propuso un plan ambicioso: desarrollar un sistema que se basara casi por completo en fuentes renovables nacionales —como la eólica, la solar y la biomasa— y hacerlo a un costo menor que el de los combustibles fósiles.

¿Podría el modelo uruguayo funcionar en otros lugares?

Los resultados son contundentes. Hoy, Uruguay genera casi el 99% de su electricidad con fuentes renovables. Solo una porción mínima, entre el 1% y el 3%, proviene de centrales térmicas flexibles, como las que usan gas natural, que se activan únicamente cuando la energía hidroeléctrica no alcanza para compensar los momentos de baja generación eólica y solar. La matriz energética es diversa: la hidroeléctrica aporta un 45%, la eólica puede alcanzar hasta el 35% del total, y la biomasa —que antes se consideraba un problema de residuos— ahora representa un 15%. La energía solar se encarga de cubrir los baches que dejan las demás fuentes.

El impacto económico fue profundo. El costo total de generación eléctrica se redujo a la mitad en comparación con las alternativas basadas en combustibles fósiles, y el país atrajo US$ 6.000 millones en inversiones en energías renovables en solo cinco años, una cifra equivalente al 12% de su producto bruto interno. En ese mismo período, se generaron alrededor de 50.000 nuevos puestos de trabajo en construcción, ingeniería y operaciones, lo que representa cerca del 3% de la fuerza laboral. Más notable aún: Uruguay dejó de estar expuesto a las sacudidas de los mercados globales de petróleo y gas.

Esta transformación no fue solo técnica, sino también regulatoria y estructural. El país adoptó mercados de capacidad a largo plazo, que dieron previsibilidad tanto a los inversores como a las empresas de servicios públicos, y al mismo tiempo eliminaron el sesgo que beneficiaba a los combustibles fósiles. La consistencia en las decisiones, mantenida a lo largo de cinco gobiernos, permitió sostener una política adaptativa. En lugar de centrarse exclusivamente en el clima, las autoridades priorizaron los costos, la confiabilidad del sistema y los beneficios económicos. La reducción de emisiones fue una consecuencia favorable.

"No empezamos con objetivos climáticos. Empezamos con el problema del costo y la fiabilidad. El medio ambiente fue un efecto secundario positivo, no la razón", explica Méndez Galain.

La estrategia de Uruguay se apoyó en tres pilares: una reforma regulatoria, subastas competitivas y la diversificación de los recursos energéticos locales. El gobierno eliminó los subsidios a los combustibles fósiles e implementó contratos a largo plazo para proyectos de energías renovables, lo que ofreció a los inversores retornos predecibles. Las licitaciones para proyectos eólicos y solares impulsaron la competencia, lo que permitió reducir los precios. Hoy, los usuarios pagan al menos un 20% menos que antes de la transición, y el Estado cuenta con más recursos para invertir en educación y servicios públicos.

La economía uruguaya creció entre un 6% y un 8% anual, y la tasa de pobreza bajó del 30% al 8%. Ese desempeño confirma con claridad la eficacia de los cambios implementados.

"La clave no es la tecnología, sino las instituciones", dijo Méndez Galain. "Una vez que las reglas son justas y predecibles, el sistema se construye a sí mismo", agregó.

Primero la economía, después el clima

Sin embargo, algunos críticos advierten que no se puede suponer que el modelo uruguayo sea aplicable en cualquier contexto. Señalan que el tamaño del país, su estabilidad política y un marco institucional sólido lo convierten en un caso excepcionalmente favorable para una transformación tan rápida. También remarcan que la demanda eléctrica de Uruguay es baja en comparación con la de las economías industriales más grandes, donde equilibrar la oferta y mantener la estabilidad de la red puede ser un desafío mucho mayor.

Méndez Galain admite esas diferencias, pero no duda en responder: "Todo país tiene recursos; solo es cuestión de diseñar las reglas para utilizarlos eficientemente. Las economías más grandes necesitan más planificación, sí, pero el principio es el mismo".

Otras dudas giran en torno al costo y la posibilidad de escalar el modelo. Si bien la experiencia uruguaya permitió reducir los precios, algunos analistas del sector energético advierten que replicarlo en países con mayor demanda podría exigir inversiones costosas en infraestructura de transmisión y un sistema de almacenamiento mucho más robusto. Integrar fuentes intermitentes como la solar y la eólica a gran escala representa un desafío particular, sobre todo en regiones con pocos recursos hidroeléctricos.

Méndez Galain mantiene una postura pragmática. "No se debe a que seamos un país pequeño con mucha energía hidroeléctrica. Tenemos energía eólica y solar promedio. Entendimos que debemos cambiar las reglas del juego para que las energías renovables puedan competir. Cuando eliminamos los fuertes sesgos que favorecen a los combustibles fósiles, las renovables emergen como el claro ganador", subraya.

Méndez Galain destaca que, según el Fondo Monetario Internacional, los combustibles fósiles reciben subsidios directos por US$ 1,3 billones al año en todo el mundo, y subsidios indirectos que alcanzan los US$ 6 billones anuales. Esa ventaja artificial les da una posición dominante en la mayoría de los países.

Lo que vuelve atractivo el caso uruguayo para los responsables de política no es solo su desempeño ambiental, sino su lógica económica. Méndez Galain insiste en que las energías renovables ganaron terreno porque resultaron más baratas y estables que los combustibles fósiles importados, no por una meta de reducción de emisiones. Esa mirada económica, sostiene, es clave si se busca una adopción sostenida de energía limpia. "Las políticas climáticas fracasan cuando están desconectadas de la economía. La transición funciona cuando ahorra dinero y crea empleo", afirma.

De hecho, el modelo uruguayo despertó interés tanto en América Latina como en otros continentes. Delegaciones de México, Chile e incluso Sudáfrica analizaron su experiencia, explorando mecanismos como las subastas, combinaciones híbridas de fuentes energéticas y normas de mercado más flexibles. También los organismos financieros internacionales tomaron nota: ven en Uruguay una demostración de bajo riesgo de que las energías renovables pueden financiarse a gran escala.

Uruguay demostró que los países pequeños pueden lograr lo que muchos todavía ven como imposible. Al poner en primer plano la economía, asegurar estabilidad regulatoria y aprovechar sus recursos propios, el país construyó un sistema de energía renovable más barato, confiable y generador de empleo que los combustibles fósiles. Los beneficios ambientales, aunque relevantes, fueron una consecuencia, no el motor principal.

Para Méndez Galain, el mensaje es claro: "La cuestión no es si las energías renovables pueden funcionar. La cuestión es si los gobiernos tienen el coraje de cambiar las reglas. Si lo hacen, el resto es sencillo".

Ignorar el caso uruguayo es una decisión que el mundo toma bajo su propia responsabilidad. Las energías renovables ya están listas, el camino técnico está trazado y las ventajas están a la vista. Lo único que sigue faltando es voluntad política, muchas veces opacada por intereses creados y dinero.

*Con información de Forbes US.