Estados Unidos produce más diésel del que consume, pero esa ventaja industrial no alcanza para controlar la inflación, los precios y mucho menos para aislarlo de una crisis internacional. Con el suministro mundial bajo presión por la guerra en Medio Oriente, el precio promedio del combustible se ubicó el martes en U$S 6,16 por galón. La respuesta anunciada por el presidente Donald Trump —un acuerdo con Vladimir Putin para incorporar combustible ruso al mercado— enfrenta un obstáculo inmediato: las compañías estadounidenses se resisten a comprarlo y varios buques cambiaron de rumbo sin descargar en el país, según The Wall Street Journal.

La situación expone una diferencia central para entender el negocio energético: disponer de petróleo y capacidad de refinación no equivale a controlar el precio de sus derivados. El diésel se comercializa internacionalmente y su valor responde al equilibrio global entre oferta y demanda. Este 2026 dejó claro que una interrupción del abastecimiento en otra región puede encarecerlo incluso en un país exportador.

La guerra con Irán y las restricciones sobre la producción de combustibles en Medio Oriente estrecharon ese equilibrio. El impacto excede a las estaciones de servicio: el diésel mueve camiones, maquinaria agrícola y equipos de construcción. Cuando sube, aumenta la presión sobre los costos del transporte y las cadenas de abastecimiento.

Un acuerdo que no garantiza compradores

Hace un mes, el 9 de octubre, en medio de la campaña, en una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó haber concluido una "conversación muy exitosa" con el presidente ruso Vladimir Putin. El esquema contemplaba una primera entrega de 300.000 toneladas, equivalentes a 2,25 millones de barriles, destinadas a Estados Unidos y al mercado mundial; otras 500.000 toneladas durante noviembre y un millón de toneladas inmediatamente después. Sin embargo, los volúmenes anunciados no deben confundirse con importaciones efectivamente realizadas.

El recorrido de los cargamentos muestra esa distancia. La agencia Reuters informó el 10 de noviembre que un petrolero con diésel ruso se había detenido frente a la costa este estadounidense y que su operador todavía no había definido el destino. Un día después, varios medios señalaron que los esfuerzos de la administración no habían generado nuevas importaciones al país y que varios buques habían modificado su curso ante las dificultades para encontrar compradores.

El principal escollo es jurídico. Una ley aprobada en 2022 prohíbe las importaciones energéticas rusas bajo determinadas condiciones. La autorización temporal del gobierno no eliminó las dudas sobre su compatibilidad con esa prohibición, y senadores de ambos partidos sostuvieron que la legislación impide esas compras mientras Rusia continúe su agresión contra Ucrania.

Para las empresas, la discusión tiene consecuencias concretas: aceptar un cargamento puede implicar exposición a sanciones, investigaciones y responsabilidades judiciales. La incertidumbre regulatoria pesa, así, sobre una operación que la Casa Blanca presenta como una herramienta para aliviar los precios. Vale destacar que varios demócratas —como el congresista Robert Garcia y el senador Ron Wyden— que triunfaron en las elecciones de medio término lanzaron advertencias a los funcionarios de la actual administración sugiriéndoles que se busquen "llamen a sus abogados".

Rusia también tiene restricciones de oferta

Aun si se despejaran los obstáculos legales, queda una limitación física: Rusia no dispone de una capacidad ilimitada para aumentar las exportaciones.

S&P Global Energy advirtió el 12 de octubre pasado que los volúmenes comprometidos eran pequeños y podían no representar oferta adicional respecto de las exportaciones recientes. Según sus analistas, Rusia había exportado entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de diésel en los últimos meses. Incrementar sustancialmente esos envíos requeriría reparar y reactivar instalaciones dañadas.

La presión continuó en noviembre. La agencia AFP informó que los ataques ucranianos habían afectado instalaciones que representan cerca del 30% de la capacidad nominal de refinación rusa desde fines de octubre. Ese porcentaje corresponde a la capacidad de las plantas alcanzadas, no necesariamente a una caída equivalente de la producción efectiva.

El problema estadounidense, por lo tanto, no se resuelve únicamente autorizando una nueva procedencia para el combustible. Una licencia no crea capacidad de refinación, no convierte automáticamente los cargamentos existentes en producción adicional ni obliga a los compradores privados a asumir riesgos legales.

La abundancia energética ofrece una ventaja estratégica, pero no inmunidad frente al mercado mundial, ni siquiera frente al poder de los Estados Unidos. Para reducir la presión sobre el diésel hacen falta suministros adicionales sostenibles, infraestructura operativa y reglas claras. El acuerdo con Rusia pone a prueba esos tres requisitos: mientras alguno falle, producir más de lo que se consume seguirá sin garantizar el tan apreciado combustible barato.

Fuentes: WSJ, FT, Reuters, AFP, Politico, S&P Global Energy