La lección del experimento del Super Bowl 2017 en Houston no es solo que los grandes eventos deportivos son caros; es que el sector público suele aceptar estos acuerdos sin una forma clara de medir si valen la pena.

Nueve años después, mientras 11 ciudades de EE. UU. se preparan para ser sedes de la Copa del Mundo de la FIFA (junto con Canadá y México), esa misma ambigüedad —que roza la ceguera voluntaria— sigue definiendo el argumento económico para la inversión pública en megaeventos.

A primera vista, la propuesta es seductora: visibilidad global, cientos de miles de visitantes y miles de millones en impacto económico proyectado. Pero cuando se rasca un poco la superficie, la lógica financiera se empieza a desmoronar. El propio análisis de Texas posterior al Super Bowl concluyó que era "imposible" determinar si los contribuyentes habían recuperado la inversión.

La mejor estimación disponible sugirió un déficit de US$ 14 millones sobre una inversión pública de US$ 22 millones. Eso no es un error de redondeo, sino una advertencia para todas las ciudades que buscan albergar un evento deportivo de gran escala.

¿Quién absorbe la mayor parte de los costos?

El problema de fondo es estructural. Las ciudades anfitrionas absorben la mayoría de los costos —incluyendo seguridad, mejoras de infraestructura y logística— mientras que los organismos rectores como la FIFA se quedan con las fuentes de ingresos más lucrativas: venta de entradas, patrocinios, derechos de transmisión y merchandising.

A los organizadores locales se les suele prohibir el acceso a esos ingresos, incluso de forma indirecta. En el caso del Mundial, las ciudades también enfrentaron restricciones para vender asientos premium vinculados a acuerdos de patrocinio, que tradicionalmente son un mecanismo clave de financiamiento.

Esto crea un acuerdo profundamente asimétrico. Las ciudades asumen el riesgo financiero mientras la FIFA se queda con las ganancias. Ese desequilibrio no es casualidad; de hecho, está estipulado en los contratos que muchas ciudades aceptaron años antes de que se cerraran las candidaturas.

El hecho de que Chicago se haya bajado de sus funciones como sede ahora parece mucho menos una oportunidad perdida y mucho más un caso de buena gestión. Otras ciudades, atrapadas en acuerdos que pudieron haber subestimado, se encuentran lidiando con costos crecientes y fuentes de ingresos limitadas.

La ilusión del impacto económico

Quienes defienden los subsidios públicos suelen apoyarse en proyecciones de impacto económico que generan grandes titulares. La FIFA y sus socios estiman beneficios por decenas de miles de millones de dólares en toda Norteamérica.

Pero los economistas se muestran escépticos ante tales cifras. Estas proyecciones suelen basarse en supuestos optimistas: que una enorme cantidad de visitantes de fuera inundará las ciudades, que sus gastos representan una actividad económica totalmente nueva y que el evento no desplazará otras formas de turismo o consumo local. Incluso los indicadores básicos, como el aumento en el impuesto a las ventas, no alcanzan para compensar la diferencia.

Una investigación reciente, publicada en conjunto con el Houston Chronicle y The Texas Tribune, reveló que los contribuyentes de Texas probablemente volverán a estar en aprietos cuando Houston y Dallas sean sedes del Mundial. Estas ciudades se encuentran entre las 11 de Estados Unidos que aceptaron albergar partidos con costos de cientos de millones de dólares, subsidiando un Mundial que, según la FIFA, les generará a ellos US$ 11.000 millones en ganancias.

Muchos contratos de las ciudades sede siguen siendo secretos, con detalles financieros tachados o directamente ocultos al público. Los comités organizadores sin fines de lucro —encargados de ejecutar el evento— quedan fuera de las leyes de transparencia pública, lo que limita aún más el acceso a la información.

Esta falta de visibilidad no es solo un problema de gestión, sino que tiene implicaciones fiscales reales. Si los comités organizadores no logran recaudar los fondos necesarios, a menudo no queda claro quién asume finalmente la carga. Los funcionarios públicos suelen expresar confianza en que el financiamiento privado cubrirá los costos, pero esas promesas son difíciles de verificar sin acceso a los datos financieros completos.

Mientras tanto, el apoyo de los contribuyentes sigue fluyendo a través de mecanismos como el Programa de Reembolso de Grandes Eventos de Texas, que ha distribuido cientos de millones de dólares en la última década a pesar de las repetidas conclusiones de que su impacto económico no puede determinarse de manera concluyente.

Esta es la razón por la cual Nueva Jersey se vio obligada a aumentar el precio de los pasajes de tren de ida y vuelta al MetLife Stadium —que también albergará la final el 19 de julio— desde la ciudad de Nueva York, pasando de los habituales US$ 12,90 a US$ 150. Si no lo hiciera, perdería millones y millones al tener que absorber el costo de poner trenes extra y el refuerzo de seguridad. El CEO de NJ Transit, Kris Kolluri, dijo que la agencia estatal tiene un déficit de US$ 200 millones, insistiendo en que esto "no es para lucrar ni para estafar; estamos tratando de recuperar el costo".

¿Por qué las ciudades dicen que sí?

Dados los riesgos y las incertidumbres, ¿por qué las ciudades siguen buscando eventos como el Mundial?

Parte de la respuesta está en los beneficios intangibles, como la exposición internacional, el orgullo cívico y la esperanza de ganancias turísticas a largo plazo. Estos beneficios son reales, pero difíciles de cuantificar, y aún más difíciles de justificar como base para grandes gastos públicos.

También hay una dinámica competitiva en juego. Las ciudades temen quedarse afuera, especialmente cuando regiones rivales están dispuestas a aceptar esos mismos términos. Esto crea una "carrera hacia el fondo", donde organismos como la FIFA pueden dictar acuerdos cada vez más unilaterales.

Finalmente, hay un cálculo político. Ser sede de un evento global es un logro visible y de alto perfil para los líderes locales, incluso si los retornos financieros son turbios o a largo plazo.

Si la historia sirve de guía, es probable que el Mundial 2026 entregue un resultado mixto para las ciudades anfitrionas: beneficios claros para sectores específicos como la hotelería y el entretenimiento, pero retornos ambiguos —o incluso negativos—.

El patrón más preocupante no es que estos eventos no generen valor, sino que los gobiernos sigan invirtiendo en ellos sin las herramientas necesarias para evaluar rigurosamente su impacto. Cuando, después de docenas de eventos subsidiados, los funcionarios todavía concluyen que no se puede determinar un efecto positivo ni negativo, el problema ya no es analítico. Es estructural.

Hasta que las ciudades puedan negociar acuerdos más equilibrados, exigir mayor transparencia y aplicar estándares más estrictos de evaluación económica, el ciclo continuará: grandes promesas, gastos aún más grandes y una incapacidad persistente para decir, a posteriori, si todo valió la pena.

*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com