Imaginate que estás en el negocio del crédito y le prestás $10.000 a una persona. Si paga bien, probás después con $18.000. Vuelve a pagar bien. Entonces le ofrecés $22.000. Es una práctica que funciona: se le llama escalamiento. Pero si se hace sin información y sin criterio, puede terminar en una máquina de sobreendeudar, empujando al cliente hacia un problema mayor.

El respeto por el consumidor —algo que planteo desde la primera columna de esta serie— no es contradictorio con exigir responsabilidad a quienes prestamos. Asumir que la persona entiende sus decisiones no nos exime de nuestro deber. También nosotros, como empresarios, tenemos que hacer nuestra parte: ofrecer crédito bien evaluado, diseñado con criterio y que realmente sume.

Entonces, ¿cuál es la responsabilidad real del empresario financiero? ¿Hasta qué punto sabemos si estamos ayudando o llevando a alguien por un camino sin retorno? ¿Y qué pasa cuando los datos no alcanzan para saber si prestar más tiene sentido? La práctica del escalamiento no es el problema. El problema es no saber dónde está el límite.

Y eso lleva a otra pregunta crucial: ¿qué información tiene el empresario sobre la persona a la que le está prestando?

En países como Brasil, los empresarios financieros pueden acceder a información clave: cuánto gana una persona, si tiene ingresos formales, qué comportamiento tuvo con otros préstamos. Gracias al modelo de open finance, con el consentimiento del cliente, pueden ver su historial en cuentas bancarias y ajustar la oferta de crédito a su realidad. Eso permite prestar mejor, con más precisión y menos riesgo para todos.

Es cierto que en Uruguay se tiene acceso al Clearing (cada institución es libre de informar y cómo informar)  y a la central de riesgo del Banco Central ( con dos meses de delay). Pero eso solo muestra el historial de pagos y deudas con el sistema financiero. No dice cuánto gana una persona, ni si tiene ingresos estables.

Sin datos, la industria no puede saber si está sobreendeudando.  Esa información clave no está disponible hoy para quien presta en Uruguay.

La buena noticia es que la información sí existe. Está en el Banco de Previsión Social. La mala es que no se comparte, ni siquiera con autorización del titular, por desconfianza hacia el sector financiero. 

Sería mucho mejor para todos —clientes, empresas y sistema— que, con consentimiento del usuario, se pudiera consultar su historia laboral en el BPS.Eso permitiría bajar los costos de otorgar crédito, mejorar la calidad de los productos y educar financieramente en la práctica.

Nuestra obligación desde el sector financiero va más allá de proporcionar un crédito analizado y estructurado con sensatez y que de verdad aporte valor. Incluye el tener la paciencia necesaria para entender a las personas y los emprendedores, ante la escasez de información pública disponible.

Es crucial impulsar un modelo más abierto -cómo el de nuestros vecinos del norte- para que el crédito sea una verdadera herramienta de crecimiento. 

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