Después de meses de burlas, las senadoras estadounidenses Kirsten Gillibrand (Demócrata por Nueva York), miembro del Comité de Agricultura del Senado, y Cynthia Lummis (Republicana por Wyoming), miembro del Comité de Banca del Senado, presentaron la Ley de Innovación Financiera Responsable. La misma tiene el potencial de redefinir la relación del gobierno de los Estados Unidos con bitcoin y otras criptomonedas.
Apodado el proyecto de ley Lummis-Gillibrand para abreviar, es el primer gran intento bipartidista de crear un marco regulatorio integral para los activos digitales en los EE.UU. Si se convierte en ley, el proyecto no solo definiría muchos términos confusos y batallas sobre jurisdicción, sino que reconocería los activos digitales, entre ellos las criptomonedas, como una parte legítima del sistema financiero de EE. UU. Esto requiere que los reguladores estudien y aclaren sus posiciones sobre varios temas.
“La Ley de Innovación Financiera Responsable crea claridad regulatoria para las agencias encargadas de supervisar los mercados de activos digitales, proporciona un marco regulatorio sólido y personalizado para las monedas estables e integra los activos digitales en nuestras leyes fiscales y bancarias existentes”, dijo el Senador Lummis en un comunicado.
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Específicamente, el documento de 70 páginas contiene disposiciones destinadas a resolver las disputas territoriales entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC). Esto se lograría mediante la asignación de la autoridad reguladora sobre los mercados al contado de activos digitales que no se consideran valores a la CFTC.
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La medida le daría al regulador de derivados más poder en áreas donde el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha afirmado que su agencia debería tomar la iniciativa e introduce formalmente el término "activos digitales" en la Ley de Intercambio de Productos Básicos de la CFTC aprobada en 1936.
Otras características notables incluyen nuevos requisitos para los exchanges de criptomonedas. Un requisito es que las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) se incorporen bajo las leyes de una jurisdicción reconocida; la llamada exclusión de minimis de hasta US$ 200 en criptomonedas por transacción del ingreso bruto de un contribuyente para el pago de bienes y servicios.
Además, incluiría la exclusión de los activos obtenidos mediante la minería de criptomonedas de los ingresos brutos de un contribuyente hasta que la criptomoneda extraída se venda realmente. El proyecto de ley también se retrasaría dos años (hasta 2025) y modificaría los requisitos de declaración de impuestos de los corredores de criptomonedas aprobados el año pasado como parte del paquete de infraestructura bipartidista.
Más detalles sobre la ley
En particular, el proyecto de ley incluye una nueva interpretación “criptoespecífica” de la prueba de Howey utilizada por la SEC para determinar si un activo es un valor y un camino por el cual los activos que se consideran valores pueden cambiar su clasificación una vez que se descentralizan lo suficiente.
Aunque todavía queda un largo camino antes de que tales cambios se conviertan en ley, el proyecto tiene fuerza adicional porque Lummis es miembro del Comité Bancario que supervisa la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y Gillibrand es miembro del Comité de Agricultura, que supervisa la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Tras el colapso del ecosistema de monedas estables TerraUSD/Luna de US$ 60 mil millones, el nuevo proyecto de ley también tiene como objetivo establecer principios básicos para bancos y no bancos que emiten monedas estables, tokens digitales vinculados a algún activo externo como el dólar estadounidense o el oro.
En particular, la ley requeriría una reserva del 100% para los emisores de monedas estables. Los legisladores y otros funcionarios, incluida la secretaría del Tesoro, Janet Yellen, han intensificado los pedidos de una mayor regulación de las monedas estables desde el colapso de TerraUSD, que exacerbó una venta masiva de semanas en el mercado de criptomonedas.
"Ha llegado el momento de que el Congreso de los EE. UU. actúe de manera bipartidista para identificar la política nacional y formular un marco amplio y equilibrado que se adapte a las características únicas de la Internet de valor emergente. La legislación Lummis - Gillibrand busca hacer eso", asegura el ex presidente de la CFTC, Christopher Giancarlo.
Repercusiones
El director legal de Kraken, Marco Santori, calificó la legislación de "reflexiva y completa", en un comunicado, y la jefa de política estadounidense de Coinbase, Kara Calvert, la calificó de "legislación significativa para crear claridad regulatoria para los activos digitales".
Sin embargo, antes de la publicación del proyecto de ley, 26 tecnólogos publicaron una carta ampliamente difundida al Congreso advirtiéndoles que adoptaran un enfoque escéptico sobre el utopismo criptográfico y resistieran el cabildeo criptográfico.
El esfuerzo conjunto se anunció por primera vez en marzo de 2022 en un evento organizado por Político en Washington, cuando Lummis y Gillibrand revelaron que estaban trabajando juntas. Ambas senadoras están compitiendo para convertir sus respectivos estados en destacados centros criptográficos. Los legisladores de Wyoming han promulgado varias leyes para dar cabida a los criptobancos y las plataformas comerciales descentralizadas. En Nueva York, el alcalde Eric Adams ha tratado de llamar la atención de los criptófilos invirtiendo sus primeros cheques de pago en bitcoin y ether.
Entre otras consideraciones, Lummis y Gillibrand también proponen crear un comité asesor compuesto por expertos de la industria, grupos de defensa y reguladores federales y estatales para desarrollar principios rectores para las agencias reguladoras y asesorar a los legisladores sobre la tecnología de rápido desarrollo.
En la rueda de prensa previa a la publicación del proyecto de ley, Chris Land, consejero general del Senador Lummis, y Arjun Ghosh, consejero financiero de la Senadora Gillibrand, dijeron que sus equipos han hablado con la SEC y la CFTC, oficinas de otros miembros del Senado, incluidos los de Pat Toomey (R-Pa.), Mitch McConnell (R-KY) y Debbie Stabenow (D-MI), así como varios defensores y expertos de la industria para finalizar el lenguaje del proyecto de ley.
