El senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) presentó la Ley del Fondo Soberano de Riqueza para la IA Estadounidense, una propuesta integral que otorgaría al público una participación directa en las principales empresas de inteligencia artificial. 

El texto del proyecto de ley impone un impuesto único del 50%, pagadero en acciones, a las empresas con ingresos anuales superiores a US$ 200 millones vinculadas a la IA. Esas acciones irían a un fideicomiso del Tesoro de EE.UU., administrado por una nueva Comisión Independiente para la IA Democrática, cuyos siete miembros nominaría el presidente de Estados Unidos y confirmaría el Senado. 

Sanders estima que el fondo podría comenzar con aproximadamente US$ 7 billones en activos. Luego, destinaría cada año el 5% de su valor a pagos directos a los estadounidenses y, con el tiempo, a objetivos de salud, educación, vivienda y medio ambiente.

El público ayudó a construir la IA

En cierto sentido, el plan de Sanders funciona como un proyecto de nacionalización. En otro, reconoce que la IA ya opera como una empresa conjunta de enorme escala. Las principales compañías de IA crearon productos impresionantes, pero entrenaron sus sistemas con libros, música, periodismo, código, arte, fotografías, artículos científicos y conversaciones cotidianas online, generados por millones de personas a las que nunca les pidieron participar y, mucho menos, les ofrecieron un precio acordado. 

Sanders acierta al criticar este punto. Las empresas de IA construyeron negocios multimillonarios sobre un enorme acervo de propiedad intelectual humana, mientras las personas cuyo trabajo sirvió de base no reciben compensación por ello.

El interés del contribuyente

Los contribuyentes tienen un argumento similar. La IA moderna suele describirse como un triunfo del ingenio privado, pero sus fundamentos científicos no surgieron del capital de riesgo. El financiamiento público los desarrolló durante décadas. La Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos apoyó las primeras investigaciones sobre redes neuronales, incluido el perceptrón, uno de los primeros sistemas de aprendizaje automático. 

DARPA dedicó décadas a respaldar muchos de los avances científicos y de ingeniería que, en última instancia, contribuyeron al aprendizaje automático moderno y a la IA generativa. También ayudó a que los vehículos autónomos pasaran de experimentos de laboratorio a una realidad comercial. La Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. desempeñó un rol similar: utilizó subvenciones universitarias y otros programas de investigación para apoyar la IA durante décadas e impulsar tecnologías que luego adquirieron valor comercial.

Escuchamos hablar mucho de quienes asumen riesgos, financian proyectos inciertos y ayudan a llevar nuevas tecnologías al mercado. En la economía de la IA, quizás el mayor inversor haya sido el contribuyente. Sin embargo, toda la atención recae sobre quienes se benefician cuando el trabajo difícil ya está hecho y capturan una parte desproporcionada de las ganancias. Se trata de los ejecutivos y financistas del sector tecnológico que obtienen enormes beneficios a partir de una ola de innovación que, en gran medida, crearon otros. En el ecosistema de las startups, la suerte y el momento oportuno pueden pesar tanto como la invención original.

Una convergencia bipartidista

La idea del fondo soberano de riqueza parte de una premisa simple: cuando la inversión pública ayuda a generar rendimientos privados extraordinarios, el público debería participar de esas ganancias. Por eso, el plan de Sanders coincide, en aspectos importantes, con el de Trump. La participación del gobierno de Trump en Intel, una posición pasiva del 10% vinculada a un apoyo federal previamente comprometido, reflejaba la misma lógica.

La versión de Trump para un fondo soberano parecía contemplar participaciones más pequeñas, transaccionales y quizás más voluntarias. Sanders va mucho más allá: le otorgaría, de facto, al público la propiedad de la mitad de cada gran empresa de IA. Sin embargo, ambos enfoques giran en torno a la misma idea básica. 

Como señaló un informe de AP a comienzos de este mes, Trump, Sanders y Sam Altman, de OpenAI, analizaron alguna versión de la participación pública en empresas de IA. Un fondo soberano estadounidense empieza a convertirse en una respuesta bipartidista a una de las cuestiones económicas centrales de la era de la IA: ¿quién se beneficiará de las ganancias de la próxima revolución tecnológica?

A la izquierda le preocupan la concentración de la riqueza y la explotación laboral. A la derecha le preocupan la seguridad nacional y la deuda pública. A ambos sectores les preocupan los costos sociales de la automatización. Un acuerdo sensato resultaría menos radical que el impuesto del 50% en acciones que propuso Sanders, pero más serio que el decreto original de Trump, que simplemente les pidió a los Departamentos del Tesoro y de Comercio de EE.UU. que elaboraran un plan, sin darle todavía fuerza real a la idea.

¿Dónde falla el plan de Sanders?

El plan de Sanders presenta problemas serios. Una participación del 50% en cualquier gran empresa de IA implicaría una intervención gubernamental generalizada y podría desalentar la inversión en compañías que todavía no son rentables y dependen de capital externo. Un enfoque más adecuado vincularía la propiedad pública con contribuciones gubernamentales específicas o permitiría que el fondo estatal compre acciones en condiciones de mercado. 

Además, existe un problema de valuación. No queda claro que los contribuyentes deban invertir en empresas de IA a los precios actuales. La IA podría ser una burbuja, ya que muchas compañías líderes tienen valuaciones difíciles de conciliar con sus fundamentos o con sus flujos de caja actuales.

Otro problema es la gobernanza. La comisión de Sanders tendría que promover el bienestar de los trabajadores, la seguridad pública, la competencia, la sostenibilidad ambiental y la solvencia financiera. Aunque esos objetivos resultan razonables, no equivalen a administrar un fondo de inversión. El directorio debería asumir un deber fundamentalmente fiduciario y garantizar a los contribuyentes la mejor rentabilidad posible, ajustada por riesgo. Los gestores del fondo no deberían convertirse en reguladores en las sombras de la IA, especialmente cuando el sector ya enfrenta el escrutinio de distintos organismos reguladores en materia de competencia, mercado de capitales, trabajo y medio ambiente.

La separación que propone el plan entre los negocios de IA y los ajenos a ella también resulta poco práctica. En poco tiempo, toda gran empresa será, de algún modo, una empresa de IA, del mismo modo que toda gran empresa se convirtió en una empresa de internet y de software. Intentar establecer barreras legales entre las operaciones de IA y las que no la usan podría derivar en una aplicación arbitraria de la ley y en litigios constantes.

El dividendo universal de Sanders también resulta prematuro. Sanders sugirió que el fondo podría llegar a pagarle a cada estadounidense unos US$ 1.000 al año. Sin embargo, muchas empresas de IA de vanguardia se valoran en función de las expectativas, no de los flujos de caja consolidados. Muchas no son rentables. Otras obtienen ganancias de negocios tradicionales, no de la IA en sí. Repartir cada año el 5% del valor de mercado de un fondo implicaría asumir el riesgo de convertir ganancias teóricas en compromisos fiscales firmes, lo que obligaría a vender activos cuando no hubiera liquidez disponible. Los fondos de inversión tradicionales distribuyen ingresos solo cuando la rentabilidad se vuelve estable y real.

El gobierno como inversor, no como operador

Estas soluciones importan, pero no son nada extraordinarias. Constituyen la base de un buen diseño para un fondo soberano de inversión. Un fondo exitoso necesita un mandato de inversión claro, gestión profesional, independencia política y un deber fiduciario orientado a maximizar la rentabilidad a largo plazo para los contribuyentes. El gobierno puede desempeñarse mejor como inversor que como gestor.

Aun así, Sanders merece reconocimiento. Su propuesta resulta seria, incluso cuando se excede. Reconoce que el auge de la IA no cuenta solo una historia de emprendedores heroicos. También cuenta la historia de contribuyentes, investigadores, artistas y ciudadanos comunes que aportan información que un pequeño grupo de empresas ahora monetiza. Pedirle al público que absorba la pérdida de empleos, el aumento de los costos de la energía, los riesgos para la privacidad y las consecuencias sociales más amplias de la IA, mientras una reducida clase de dueños captura todas las ganancias, no configura un sistema estable.

Trump volvió respetable para la derecha la idea del fondo soberano al vincularla con los activos federales y los intereses estratégicos nacionales. Sanders la convirtió en una cuestión urgente para la izquierda al vincularla con la IA y con la pregunta de quién controla las rentas tecnológicas. Entre esos dos extremos aparece una política viable. 

Las empresas privadas deben conservar la libertad de innovar, captar capital y obtener ganancias. Pero cuando los recursos públicos, la ciencia pública y el trabajo de millones de personas contribuyen a crear fortunas privadas, el público merece reclamar el valor que estos generan. El capitalismo de mercado funciona, y el gobierno y los contribuyentes también participan en los mercados. Exigir un retorno de su inversión constituye, en esencia, una práctica capitalista.

*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com.